sábado 27 de febrero de 2021 - Edición Nº815

Actualidad PN | 23 feb 2021

Coronavirus

Reclaman que personal de seguridad privada tenga prioridad en el calendario de vacunación

SUTCAPRA el sindicato pidió al presidente de la nación la intervención del Poder Ejecutivo en dos conflictos suscitados en empresas dependientes del Estado nacional en las que por estas horas están en riesgo más de 700 puestos de trabajo. 


Por: Fernando Alarcón @Ferna_Alarcon_

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA) pidió al gobierno nacional incorporar como "prioridad" al personal de seguridad privada al calendario oficial de vacunación contra el Covid-19. 

La organización que lidera Leandro Nazarre realizó una presentación formal ante el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en representación de las decenas de miles de vigiladores y custodios del país. 

"Los trabajadores de seguridad privada cumplen un rol activo y preponderante en la dinámica de la sociedad prestando una actividad subsidiaria de la que presta el Estado y por ende resulta un servicio complementario, subordinado y esencial al que hacer de seguridad pública", argumentó el gremio. 

SUTCAPRA solicitó considerar incorporar con carácter de urgente y prioritario a los trabajadores que representa a los fines de garantizar mayor resguardo a un sector laboral que prestó servicio durante toda la pandemia enmarcados en los decretos de esencialidad firmados oportunamente por el Ejecutivo nacional. 

Asimismo, el sindicato pidió al presidente de la nación Alberto Fernández la intervención del Poder Ejecutivo en dos conflictos suscitados en empresas dependientes del Estado nacional en las que por estas horas están en riesgo más de 700 puestos de trabajo. 

En la presentación se hizo mención a los problemas que atraviesa el gremio en las empresas AYSA y Trenes Argentinos por la falta de respuestas a los reclamos sindicales por la continuidad laboral de personal de seguridad e inconvenientes con el pago de aportes sindicales, instando a la máxima autoridad a intervenir en defensa del empleo y el salario de sus afiliados. 

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