miércoles 21 de octubre de 2020 - Edición Nº686

Municipios | 7 oct 2020

Tras el escandalo

Denuncia penal contra intendente PRO por supuesto beneficio de lote a un funcionario

La agrupación vecinalista Propuesta Pinamar radicó la presentación para que la justicia investigue si el jefe comunal benefició a su secretario privado con un lote social.


Después de las declaraciones y acciones cruzadas con carta documento de por medio, entre PROPIN y el intendente de Pinamar, Martín Yeza, los representantes de la agrupación política en el Concejo Deliberante radicaron hoy una denuncia penal en el Juzgado Federal de Dolores y en el de Garantías de Villa Gesell contra el alcalde del PRO para que se investigue si benefició a su secretario privado, Luciano Leonel, con un lote social.

La presentación la efectuó el secretario Legislativo de PROPIN, Marcos Guerrero, quien recibió una carta documento del funcionario cuestionado, la edil Gabriela Ferretti  y el presidente del espacio político, Leonardo Napoli.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia penal, a la que accedió PROVINCIA NOTICIAS, la misma se interpuso con el fin de que se investigue la probable comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas como falsificación de documentos en general.

Y se radicó para determinar las presuntas “acciones y omisiones” del intendente Yeza y funcionarios del gobierno local en el caso, como el secretario de Planeamiento, Vivienda y Hábitat, Ariel Galera, su adjunto en el área Fernando Ávila y el secretario privado del jefe comunal, Leonel Luciano.

La presentación surgió a partir de una investigación que realizaron ediles de PROPIN, donde dejaron al descubierto la escrituración de un terreno que el intendente habría firmado a favor de su asistente en el Ejecutivo municipal.

En cuanto a las presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo, el escrito de la denuncia asevera la existencia de “adulteración de documentos, Imposibilidad de verificar autenticidad de fechas de documentos que se agregan. Del estudio de ‘las copias certificadas por el Funcionario Fernando Avila’ remitidas al Concejo Deliberante se desprende que se han adulterado los documentos en su foliatura para agregar documentación, reemplazar folios y modificar la cronología del expediente”.

Los denunciantes aseguran que luego de la investigación realizada, donde se accedió a la documentación oficial presente en la Secretaría de Vivienda y Hábitat, cuando se remitió la copia certificada del Expediente al Concejo Deliberante –se aclara en la presentación- se constataron "irregularidades groseras", entre ellas, se enumera que "no coincide ni el orden ni el contenido de los primeros 9 folios con los que oportunamente vimos cuando tomamos vista el 21 de septiembre en la oficina de Vivienda y Hábitat” y “se observa una clara adulteración en la cronología de los documentos incorporados al expediente”.

“En pocas palabras, se adulteró la foliatura, se reemplazaron folios, se agregó documentación y se alteró el orden de los documentos con la clara intención de simular que la documentación había sido agregada con anterioridad al acto administrativo (Decreto N° 1455/2020, hecho que cómo se explicó y se puede comprobar fácilmente es absolutamente falso”, reza la denuncia.

Y se agrega que “esta maniobra fraudulenta solo pudo ser ensayada por las irregularidades en la tramitación del expediente desde su origen donde no se cumplieron los requisitos formales básicos cómo lo son los sellos de juntura y sello fechador. A esta altura resulta más que claro la imposibilidad de verificar la autenticidad de varios documentos agregados, momento en el que fueron incorporados y el autor de los mismos”.

Asimismo, entre las supuestas anomalías del proceso administrativo también se remarca que “la apertura del expediente administrativo N° 4123-1463/2020 y la aprobación del Decreto N° 1455/2020 que resuelve la petición se hacen el mismo día lo que demuestra el desinterés por parte de los funcionarios de comprobar los hechos o datos, en virtud de los cuáles debe dictarse el Decreto”.

Con lo cual “resulta elocuente señalar que de treinta y ocho (38) casos analizados sobre escrituración social que se trataron durante los años 2019 y 2020 el promedio de días desde la apertura del expediente hasta el Decreto es de 24 días, mientras que en el caso del Sr. Luciano demoró solo uno”, se explica en el expediente.

Al argumentar los presuntos delitos que se solicitan investigar, la presentación judicial sostiene que la falsificación de documentos en general “es sin dudas, el delito más burdo de todos los cometidos en este caso. Cuando el 21 de septiembre tomamos vista del expediente y le señalamos todas las irregularidades a los funcionarios, lejos de dejar sin efecto el acto y corregir “los errores” se dedicaron a manipular y adulterar el expediente para encubrir las irregularidades. Tan evidentes fueron que demoraron una semana en enviar al Concejo Deliberante ‘copias certificadas’ del expediente que con un mínimo análisis de las fechas de los documentos, la foliatura y los pases se advierte la adulteración del expediente. Se acompaña en formato digital dos copias de folios corregido con Liquid paper que demuestran ‘la corrección’ sin enmendar”.

En lo que respecta al abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, los denunciantes entienden que “el fraude, el perjuicio económico, el procedimiento irregular, jamás podrían haber ocurrido si los funcionarios públicos intervinientes hubiesen puesto un mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes cómo funcionarios públicos, en vez de limitarse a completar algunas planillas y hacer un trámite exprés. Los considerandos del Decreto N° 1455/2020 y los ocho (8) folios que tenía el expediente cuando se adoptó la decisión son una prueba irrefutable de la liviandad con la cual se trató un tema delicado cómo lo es una regularización dominial”.

Mientras que en lo que atañe a las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, el expediente considera que “este tipo penal apunta al funcionario público que desdobla su personalidad y, a la par de representar al Estado, actúa como parte interesada. Si algo emerge de la conducta del Intendente y el resto de los funcionarios es una parcialidad y favoritismo grosero en favor del Secretario Privado del Intendente. Nadie observó absolutamente nada irregular ni que amerite corregirse. O peor aún, descubierta la maniobra, manipularon el expediente y fue adulterado para tratar de que los vicios del acto administrativo no fueran tan groseros. Resulta claro entonces que estamos frente a un desvío de poder”.

Por último, en las conclusiones de la denuncia se especifica que “de los hechos expuestos y de la documentación que se acompaña se puede concluir que hay elementos suficientes que justifican la radicación de la presente denuncia penal. Nos encontramos frente a un caso de un funcionario público que aprovecha su cargo y relación con la máxima autoridad del Municipio para obtener beneficios indebidos”.

Y se añade que “por otra parte, nos encontramos con funcionarios públicos que llevan a cabo un procedimiento administrativo totalmente irregular para la regularización dominial de un lote social y luego adulteran las actuaciones para tratar de tapar las ilegalidades manifiestas”.

En este marco, la presentación judicial concluye que “en virtud de todo lo expuesto se solicita una profunda y expedita investigación por parte del Ministerio Publico Fiscal que permita avanzar en determinar si se encuentra configurada la responsabilidad penal por los hechos denunciados oportunamente”.

 

 

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