Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires manifestamos nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz sobre quien pesan múltiples condenas y una prisión preventiva en el marco del juicio por los centros clandestinos de detención El Infierno, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, debate que tiene fecha de inicio en el mes próximo. 

Si bien el beneficio le fue otorgado en un expediente en el que esta subsecretaría no participa, Etchecolatz se encuentra imputado en la causa que entrará en debate a fines de octubre en el TOF 1 de La Plata de la que esta subsecretaría es parte de la querella unificada con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Preocupa que se le otorgue este beneficio en este contexto, sobre todo cuando no existen motivaciones para que no cumpla las penas a las que oportunamente fue condenado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. 

Tampoco es justo dejar de recordar que recientemente el ex integrante de la Policía Bonaerense durante la dictadura cívico militar imputado y condenado fue beneficiado con esa morigeración de la pena y trasladado a Mar del Plata, lo que provocó la reacción negativa de la sociedad argentina que ya ha dicho Nunca Más. Cabe aclarar que aquella situación que fue revertida por instancias superiores del Poder Judicial comenzó de forma similar, con beneficios otorgados por distintos tribunales de forma aparentemente aislados pero que fueron escalonados y concluyeron con la excarcelación del represor.  

A días del inicio de un nuevo debate es obligación de los poderes de Estado evitar que se generen situaciones que atenten contra el debido juzgamiento y condena de los crímenes de lesa humanidad a los que la Argentina está obligado por las normativas internacionales que el país suscribe.