En el marco de la crítica situación epidemiológica que sufre el distrito de Bragado como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, la concejal del Frente de Todos, María del Carmen Pan Rivas, presentó un proyecto de ordenanza en el parlamento municipal para establecer sanciones económicas a las reuniones sociales o familiares, y de este modo brindarle una herramienta al Ejecutivo municipal que conduce el intendente Vicente Gatica.

Al respecto, la edil Pan Rivas comentó en diálogo con PROVINCIA NOTICIAS explicó que lo que motivó la presentación del proyecto para penalizar los eventos sociales en la ciudad fue “la cantidad de casos que tenemos en Bragado y los fallecidos como la falta de presencia del Estado municipal”.

“Todos entendemos que hay una gran responsabilidad social individual de cada ciudadano pero además si las autoridades no muestran un mensaje claro que reitere la gravedad de esto. No podemos poner un policía al lado de cada ciudadano que transite”, añadió la concejal por la oposición.

Asimismo, Pan Rivas remarcó que “esta pandemia también trae gravísimos problemas económicos y hay muchas personas que necesitan trabajar pero para ello necesitamos que haya un Estado municipal que con firmeza de un mensaje claro y que le explique a la población que las conductas irresponsables tienen que ser penalizadas”.

Frente a esta situación “pensamos en la opción de poner una multa para darle una herramienta al Estado municipal pero además estamos reclamando un mensaje que tiene que ser cotidiano porque sabemos que esto cuesta sostenerlo en el tiempo, por eso necesitamos una autoridad presente que lo reitere en forma permanente, alerte a la población y exija el cuidado y las medidas de prevención” frente a la pandemia, puntualizó la edil.

El proyecto establece la prohibición “los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”.

Las multas van desde los 30 a 90 SAPEMU, que es la unidad de medida equivalente al 5% del salario básico del personal municipal, con lo cual las sanciones irían de los $ 15.000 a los 50.000 pesos. A su vez, la norma tiene previsto la aplicación de hasta cinco días de arresto. También las multas se podrían reemplazar por el cumplimiento de trabajo comunitario para el caso de que el infractor no tenga los medios para afrontar una multa económica.

Además la normativa dispone que el monto recaudado por las sanciones sea destinado al Fondo Solidario credo bajo el Decreto 5/2020.