Las entidades dadoras de cargas cuestionaron la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de imponer un aumento del 16% en las tarifas de referencia para el transporte de granos. CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales repudiaron la medida y advirtieron que la intervención oficial debilita los mecanismos de negociación y termina convalidando las presiones sectoriales.

El malestar quedó expresado durante una reunión de la Comisión de Transporte de Granos de la provincia de Buenos Aires, realizada el pasado 12 de noviembre, de la que participaron distintas cámaras de transportistas, CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales.

El conflicto tiene como antecedente lo ocurrido en abril, cuando, luego de acordarse un incremento del 14% en la Mesa de Transporte de La Plata, el Gobierno bonaerense avaló en una reunión en Necochea una suba del 16%, en medio de bloqueos de rutas y puertos impulsados por entidades de transportistas, autoconvocados y fleteros. La decisión no había sido convalidada por las organizaciones representantes de los dadores de carga y marcó, según señalaron, el comienzo del debilitamiento institucional de la mesa de negociación.

Ahora, frente a las diferencias entre los costos calculados por los transportistas, la Provincia y los sectores dadores de carga, el Ministerio de Transporte volvió a intervenir y terminó fijando por laudo un aumento del 16%, incluso por encima del 15% que reclamaba el propio sector transportista. Se trata de una decisión inédita en la historia de la Comisión, según cuestionaron las entidades.

En un intento por alcanzar un acuerdo, CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores habían propuesto inicialmente una actualización del 8,3%, en línea con el incremento de los costos reales, y luego elevaron su oferta hasta el 11,5% sobre las tarifas vigentes entre abril y octubre. Sin embargo, rechazaron el laudo dispuesto por el Ministerio y dejaron asentado su repudio en el acta oficial de la reunión.

Desde las entidades cuestionaron que las autoridades hayan fundamentado la decisión en la necesidad de evitar un conflicto. Sostuvieron que, al establecer un porcentaje superior al solicitado por los transportistas para impedir eventuales medidas de fuerza, el Gobierno no resuelve las diferencias, sino que termina legitimando los mecanismos de presión por encima de la negociación.

En ese sentido, advirtieron que cuando el Estado reemplaza el diálogo por la imposición y prioriza las medidas de fuerza por sobre los acuerdos institucionales, deja de cumplir su rol de garante y se convierte en parte del problema.

Por último, las tres organizaciones recordaron a productores y operadores del comercio de granos que, de acuerdo con la legislación provincial, las tarifas de referencia son orientativas y de libre negociación entre las partes. Por ese motivo, recomendaron consultar los valores de los fletes locales, determinados por la oferta y la demanda, antes de contratar los servicios de transporte.