sábado 7 de noviembre de 2026 - Edición Nº2894

Actualidad PN | 6 nov

Justicia y política

Marcela Pagano amplió la denuncia contra Adorni y pidió profundizar la investigación por su patrimonio


La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó el avance de la causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que incorporó nuevos datos del Banco Central sobre los movimientos financieros de su esposa, Bettina Angeletti. Además, solicitó al juez Ariel Lijo que continúe la investigación, requiera información a entidades bancarias y a la ARCA, y cite al funcionario a indagatoria.

A través de sus redes sociales, Pagano sostuvo que el fiscal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para probar un enriquecimiento ilícito y pidió que la causa deje de tramitarse en los tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, la legisladora afirmó que existen nuevos datos que, a su entender, justifican profundizar las averiguaciones.

En ese sentido, difundió registros de la Central de Deudores del Banco Central, donde figuran obligaciones financieras informadas por el Banco Galicia a nombre de Angeletti. Según detalló, los montos fueron de $13,8 millones en junio, $13,4 millones en julio, $13,3 millones en agosto y $18 millones en septiembre, todos registrados en situación normal.

La diputada comparó esas cifras con los ingresos legales del matrimonio durante la gestión de Adorni, que, según indicó, fueron estimados por el fiscal en $229 millones. También puso el foco en la evolución de los montos y señaló que en abril ascendían a $3,9 millones, en mayo a $5,3 millones y que alcanzaron su máximo en septiembre.

A partir de esta información, Pagano amplió su denuncia y pidió que se rechace el planteo de incompetencia, se soliciten informes a los bancos y a la ARCA y se convoque a Adorni a prestar declaración indagatoria. Además, sostuvo que la investigación debe contemplar el período posterior al cese de sus funciones, al considerar que la normativa permite investigar el enriquecimiento ilícito hasta dos años después de dejar el cargo.

Por último, la legisladora rechazó que la situación judicial del funcionario pueda interpretarse como un sobreseimiento y cuestionó la falta de verificación de las explicaciones brindadas por su defensa sobre los fondos y los bitcoins. En ese marco, insistió en que los nuevos elementos aportados deben ser analizados para determinar el origen y la evolución del patrimonio familiar.

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