La nueva intendenta de Avellaneda quedó en el centro de una controversia luego de que se identificara con su nombre una sala multimedia de la Escuela Secundaria N° 4 de Gerli. Consejeros escolares del PRO presentaron un pedido de intervención ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para que se investigue si la decisión respetó la normativa vigente.

La inauguración del espacio estuvo encabezada por Sierra, quien destacó que la nueva sala permitirá a los estudiantes acceder a herramientas digitales, utilizar proyectores y contar con un ámbito multipropósito para las actividades educativas. Sin embargo, la denominación del lugar generó cuestionamientos por tratarse de una funcionaria política en ejercicio. La polémica también reavivó las críticas sobre la utilización de nombres de dirigentes en dependencias públicas, una práctica que ya había generado controversias en otros distritos.

Frente a esta situación, los consejeros escolares Aldana Ahumada, exsenadora bonaerense, del PRO, y Nicolás Bonino, de la UCR, elevaron una presentación ante la Comisión de Programas y Proyectos Educativos del Consejo General de Cultura y Educación, con copia a la Dirección de Inspección General, para solicitar que se informe al gobernador Axel Kicillof y se investigue el procedimiento. Los representantes opositores pidieron conocer quién impulsó la denominación, qué participación tuvo la comunidad educativa y si existieron actas, votaciones y avales de las autoridades escolares.

El planteo se apoya en la Resolución 451/23 de la Dirección General de Cultura y Educación, que establece pautas para asignar nombres a dependencias escolares y contempla la participación de la comunidad educativa. La normativa también fija, como regla general, que deben transcurrir al menos diez años desde el fallecimiento de una persona para utilizar su nombre, salvo que se tramite una excepción. Desde el PRO sostienen que los espacios educativos deben preservar su carácter plural y democrático, y evitar convertirse en ámbitos de reconocimiento personal o promoción política. Por eso, reclamaron que las autoridades provinciales revisen la decisión y determinen si se ajustó a las disposiciones vigentes.

 

 

 

 

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