El latiguillo que el PRO instaló en la provincia de Buenos Aires para reivindicar su gestión sostiene que “donde gobierna el PRO se vive mejor”. Sin embargo, entre los discursos y los hechos puede haber una distancia considerable, especialmente cuando se trata de cuestiones sensibles como la seguridad y la inversión en educación.

En Junín, la preocupación por la inseguridad forma parte de la vida cotidiana de los vecinos, mientras que en Nueve de Julio, otro distrito gobernado por el PRO, la polémica quedó instalada en torno al uso de los recursos destinados a la educación pública. Allí, la administración de María José Gentile quedó bajo cuestionamiento luego de que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires formulara observaciones sobre la aplicación del Fondo Educativo durante 2025.

Según los datos consignados por el organismo de control, el municipio recibió $2.357.130.143,92 en concepto de Fondo Educativo. De ese total, el 40% que debía destinarse obligatoriamente a infraestructura escolar representaba $942.852.057,57. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la contaduría municipal, solo se declararon $20.435.162,81 aplicados a ese rubro, equivalentes al 0,87% de los recursos percibidos.

En otras palabras, de cada mil pesos que ingresaron al distrito a través de este fondo, menos de nueve fueron informados como destinados a obras de infraestructura escolar. Una cifra que abre interrogantes sobre las prioridades de la gestión municipal y el destino de los recursos públicos que tienen como finalidad mejorar las condiciones edilicias de las escuelas.

La normativa establece que la Provincia transfiere a los municipios recursos vinculados al financiamiento educativo y que, en los distritos del interior bonaerense, al menos el 40% debe asignarse a infraestructura escolar. Esa obligación constituye uno de los puntos centrales de la discusión sobre la rendición de cuentas de Nueve de Julio.

Frente a las observaciones, el municipio planteó ante el Tribunal de Cuentas la existencia de una coordinación alternativa con la Dirección General de Cultura y Educación que, según su argumento, permitiría justificar una aplicación diferente de los fondos. No obstante, el organismo de control señaló que no se había acreditado el cumplimiento de la afectación exigida por la normativa.

La controversia adquiere otra dimensión cuando se analiza el monto de los recursos en relación con la población del distrito. Con 52.607 habitantes, según el Censo 2022, Nueve de Julio recibió aproximadamente $44.800 por vecino en concepto de Fondo Educativo durante 2025. Pese a ese volumen de recursos, el monto declarado para infraestructura escolar quedó muy por debajo de lo que correspondía según el porcentaje obligatorio.

Desde la oposición apuntan contra la administración de Gentile y reclaman explicaciones sobre el destino del dinero que debía llegar a los establecimientos educativos. La diferencia entre el monto obligatorio y lo declarado como inversión en infraestructura asciende a $922.416.894,76, de acuerdo con las cifras consignadas en la rendición.

La pregunta que queda planteada para el gobierno municipal es directa: ¿dónde están los casi $922,5 millones que debían destinarse a los edificios escolares y que no figuran aplicados a ese concepto en la información presentada ante el Tribunal de Cuentas?

Mientras el PRO sostiene que sus administraciones ofrecen mejores resultados de gestión, en Nueve de Julio la discusión pasa por una cuestión concreta: la transparencia en el uso de los recursos públicos y la inversión efectiva en las escuelas del distrito.