El bloque de senadores bonaerenses del PRO respaldó el proyecto que regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias, pero aprovechó el debate para cuestionar al gobernador Axel Kicillof por la falta de medidas efectivas para controlar los dispositivos móviles en las cárceles de la provincia.

Desde el espacio señalaron que, mientras se avanza en establecer límites al uso de pantallas en las aulas para mejorar la concentración y la convivencia escolar, persiste la falta de una solución integral para impedir que los teléfonos sean utilizados desde los establecimientos penitenciarios para cometer delitos.

En ese sentido, recordaron que durante la pandemia la Justicia bonaerense autorizó excepcionalmente el uso de celulares en las cárceles para garantizar la comunicación de los internos con sus familias. Sin embargo, advirtieron que, seis años después, la Provincia todavía no resolvió adecuadamente el control de esas comunicaciones, una situación que facilita estafas virtuales, amenazas y extorsiones.

Como ejemplo, mencionaron investigaciones vinculadas a la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín, donde en septiembre se secuestraron teléfonos presuntamente utilizados para cometer delitos.

Frente a este escenario, el PRO impulsa un proyecto de ley presentado por el senador Pablo Petrecca, junto con Alex Campbell y otros integrantes del bloque, para crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada en las cárceles bonaerenses. La iniciativa propone reemplazar los celulares particulares por un sistema institucional que permita comunicaciones con familiares y abogados mediante contactos registrados y verificados, sin acceso irrestricto a internet ni a redes sociales.

Desde el espacio aclararon que la propuesta no busca restringir los derechos de las personas privadas de su libertad, sino garantizar que puedan mantener sus vínculos familiares y acceder a la asistencia legal sin que los establecimientos penitenciarios se conviertan en plataformas para la actividad delictiva.

Los legisladores también remarcaron que existen iniciativas similares impulsadas por representantes del PRO, La Libertad Avanza y el Frente Renovador, aunque cuestionaron que los proyectos todavía no se hayan traducido en una respuesta concreta. Además, señalaron que el Estado nacional ya implementó mecanismos para detectar y bloquear dispositivos móviles en cárceles federales y habilitó un programa de adhesión para las provincias.

En ese marco, reclamaron explicaciones al Ejecutivo bonaerense sobre los controles vigentes y exigieron avanzar con herramientas tecnológicas y una regulación que impida el uso de teléfonos particulares para cometer delitos desde las cárceles. También pidieron que la Legislatura dé tratamiento a las iniciativas presentadas.

Por otra parte, el bloque cuestionó la demora en reglamentar la Ley 15.534, sancionada en 2025 para regular el uso de pantallas en las escuelas primarias. Según advirtieron, el plazo legal de 180 días ya venció sin que se concretara la reglamentación correspondiente.

Finalmente, desde el PRO insistieron en que la regulación del uso de celulares en las escuelas constituye un paso positivo, pero consideraron necesario aplicar el mismo criterio de firmeza en materia de seguridad penitenciaria.

“La educación necesita reglas claras. La seguridad también. Y en ambos casos el Estado tiene la obligación de hacerlas cumplir”, sostuvieron desde el espacio, al reclamar que el Gobierno de Kicillof priorice una solución para evitar que las cárceles bonaerenses sigan siendo utilizadas para amenazar, estafar y extorsionar a los ciudadanos.