La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dio luz verde y giró a la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por el legislador Marcelo “Chuby” Leguizamón, integrante del espacio Hechos. El proyecto establece la obligatoriedad de asegurar la provisión continua de Gas Natural Comprimido (GNC) a las unidades operativas claves del territorio bonaerense, contemplando además la habilitación de un carril preferencial y de carga rápida en las estaciones de servicio que expendan este combustible.
La medida abarca a las unidades pertenecientes al sistema de salud y emergencias, como ambulancias públicas y privadas junto a autobombas de bomberos tanto oficiales como voluntarios. Asimismo, la prioridad se extiende a la seguridad preventiva mediante los patrulleros de las fuerzas provinciales, y al sector educativo y de movilidad comunitaria, que incluye transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. La normativa también contempla dentro de este esquema prioritario a cualquier otro transporte que deba responder ante situaciones imprevistas o contingencias de fuerza mayor.
Para asegurar una correcta identificación, los vehículos alcanzados contarán con obleas o calcomanías oficiales visibles. Por su parte, los establecimientos expendedores de combustible radicados en la provincia dispondrán de un período de 90 días corridos a partir de la reglamentación de la ley para adecuar sus instalaciones, señalizar debidamente el carril exclusivo y colocar la cartelería informativa correspondiente.
Al fundamentar la propuesta, Leguizamón remarcó la necesidad de resguardar la salud, la vida y la seguridad de la población, argumentando que del abastecimiento ágil de estas unidades depende de forma directa la capacidad de respuesta ante un llamado de urgencia médica o la presencia permanente de la policía en las calles. En ese orden, el legislador concluyó que la puesta en marcha de un carril preferencial no perjudica al conjunto de los usuarios particulares y genera un impacto social positivo al mantener la operatividad ininterrumpida de las prestaciones esenciales durante las 24 horas.