El diputado provincial Valentín Miranda (UCR) presentó un proyecto de ley para obligar al Poder Ejecutivo bonaerense a rendir cuentas anualmente sobre la estructura del Estado. La iniciativa del legislador opositor busca que la administración central detalle cada año la creación, eliminación o modificación de cargos y dependencias públicas, lo que permitirá comparar de manera transparente la evolución de la planta estatal entre las diferentes gestiones de gobierno.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y fortalecer el control ciudadano sobre la gestión pública, la propuesta contempla una modificación clave en la Ley de Administración Financiera (Ley N° 13.767). A través de esta reforma, se pretende incorporar de manera obligatoria en la Cuenta General del Ejercicio un apartado denominado “Estado de Evolución de la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo Provincial”.

De aprobarse en la Legislatura, el Gobierno deberá publicar un informe anual sumamente detallado. El mismo tendrá que incluir las altas y bajas del organigrama, especificando la cantidad de unidades organizativas creadas, suprimidas, fusionadas o modificadas con su respectiva variación neta interanual, además del detalle sobre la variación total de cargos aprobados y el impacto presupuestario que representen estas modificaciones.

La normativa impulsada por Miranda también establece que toda esta información deberá ser publicada en un portal oficial bajo formatos abiertos, accesibles y reutilizables. El propósito es que cualquier ciudadano, centro de estudio o periodista pueda consultar y analizar la evolución del Estado entre los diferentes períodos gubernamentales sin barreras burocráticas.

Al respecto, el legislador de la Unión Cívica Radical explicó que cada gestión tiene la atribución legítima de organizar la administración provincial según sus prioridades políticas y de gestión. En ese sentido, aclaró que lo que se busca no es prejuzgar si un Estado más grande o más chico es mejor, sino lograr que todos los bonaerenses sepan con total claridad qué estructura recibió cada gobierno, cómo la modificó durante su ejercicio y cuál dejó al terminar su mandato.

Finalmente, Miranda defendió la viabilidad de la propuesta al sostener que la iniciativa contempla cero gasto adicional para las arcas de la Provincia. Asimismo, remarcó que la medida repercutirá satisfactoriamente en el ejercicio de la función pública, ya que otorga a la ciudadanía un mayor control social y un acceso sencillo a datos que deben ser públicos.