Desde el Ejecutivo bonaerense explicaron la ingeniería financiera implementada para mantener el funcionamiento del Estado, cumplir con los vencimientos de la deuda en moneda extranjera y garantizar los servicios esenciales en educación, salud y seguridad.

El polémico y cuestionado ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, desmintió un cambio de prioridades en la gestión y responsabilizó directamente a las políticas económicas de Javier Milei por la merma en las inversiones de capital.

En ese marco, Bianco recordó que al asumir la gestión se encontraron con siete emergencias aprobadas por unanimidad en la Legislatura. Ante ese panorama, la prioridad inicial consistió en encarar un proceso de reestructuración de la deuda en dólares heredada, al considerarla insostenible para las arcas bonaerenses.

El ministro sostuvo que el proceso de negociación concretado entre 2020 y 2021 contó con un nivel de adhesión superior al 98% de los acreedores, lo que permitió estirar los plazos de vencimiento, reducir las tasas de interés y generar un ahorro superior a los 4.000 millones de dólares para Buenos Aires. Esos recursos liberados posibilitaron sostener un plan de infraestructura sin precedentes que incluyó la inauguración de más de 300 escuelas, unos 200 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la ampliación de centros universitarios y diversas obras viales en todo el territorio bonaerense.

Sin embargo, apuntó que el escenario financiero sufrió un fuerte impacto a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que implicaron un recorte equivalente a 28,4 billones de pesos en el presupuesto provincial.

“Esta reducción responde al freno total de unas 1.000 obras públicas nacionales paralizadas en suelo bonaerense, a la eliminación de programas clave de asistencia, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que financiaba salarios y equipamiento policial, y a la quita de transferencias destinadas a salud, educación, vivienda y políticas de género” explicó Bianco.

Expuso el lisonjero de Kicillof que “a este esquema de recortes directos se suma una significativa retracción en la recaudación por el enfriamiento de la actividad económica. Esta situación repercute de manera directa en una caída constante de la coparticipación federal y en una menor cobranza del Impuesto a los Ingresos Brutos, tributo provincial que representa cerca del 75% de los recursos propios de la provincia de Buenos Aires”.

Frente a esta coyuntura de restricción presupuestaria, el Gobierno bonaerense remarcó la necesidad de aplicar un criterio estricto de priorización del gasto público. La escala operacional sitúa en primer término la liquidación de salarios estatales y el sostenimiento de los gastos corrientes necesarios para mantener abiertos hospitales, escuelas y dependencias de seguridad.

En segundo lugar, se ratificó el compromiso de honrar los compromisos de la deuda reestructurada para evitar el default, situación que provocaría el aislamiento del crédito internacional y pondría en riesgo el financiamiento de proyectos estratégicos ejecutados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Finalmente, Carlos Bianco señalo: “el freno a la infraestructura no responde a una decisión política del gobernador, sino al estrechamiento del margen fiscal provocado por el recorte de fondos y la caída de la actividad económica impulsados por Javier Milei”.