Por: Fernando Alarcón

En diálogo con PROVINCIA NOTICIAS, el exsubsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y exfiscal de Instrucción del Departamento Judicial La Plata, Marcelo Carlos Romero, analizó con dureza las recientes decisiones interpuestas por magistradas de la jurisdicción bonaerense y porteña respecto al cumplimiento de la ley del régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad.

Romero aseguró que las resoluciones adoptadas por ambas juezas del fuero de responsabilidad penal juvenil no resultan sorpresivas, enmarcando sus fallos en una corriente ideológica con fuerte presencia institucional.

Según explicó el exfuncionario, en la Argentina predomina desde hace cuatro décadas una doctrina de corte abolicionista que no debe confundirse con el garantismo constitucional. En esa línea, remarcó que el garantismo implica velar por los postulados de la Ley Fundamental, rol que concierne a toda la ciudadanía y a los magistrados.

Por el contrario, definió al sector abolicionista como aquél que elimina el concepto de garantía para las víctimas y la comunidad agraviada, buscando desactivar el sistema penal bajo la premisa de que los conflictos deben resolverse entre particulares.

El exfiscal sostuvo que esta formación doctrinaria proviene del ámbito universitario desde los años ochenta, donde se instalaron nociones como la justificación socioeconómica del delito o la descalificación de categorías como la reincidencia.

No obstante, centró también sus críticas en el ámbito político, cuestionando la sobreactuación de indignación frente a este tipo de fallos por parte de dirigentes que conocen en detalle los mecanismos de selección en la Justicia. Indicó que las estructuras del Consejo de la Magistratura y el entramado de acuerdos políticos y corporativos condicionan las designaciones judiciales, por lo que las inclinaciones ideológicas de los magistrados designados no son desconocidas para el poder político.

Al abordar la norma debatida, Romero destacó que la actualización del régimen penal juvenil responde a un reclamo histórico y a un proceso de discusión legislativa de varios años destinado a reemplazar una normativa vigente desde 1980. En este marco, sostuvo que los jueces no deben actuar como árbitros de un debate normativo ya saldado por el Congreso de la Nación, salvo supuestos excepcionales donde se advierta la violación directa de garantías constitucionales, escenario que, a su criterio, no aplica en la ley cuestionada.

Finalmente, el análisis del exsubsecretario se extendió a la política de seguridad desplegada en el territorio bonaerense. Cuestionó al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad, Javier Alonso, por la falta de una postura explícita y tajante frente al delito. “Kicillof se para en la vereda del criminal”, remató.

Argumentó que vincular la inseguridad únicamente a variables socioeconómicas excluye factores de incidencia directa como el consumo masivo de estupefacientes o la falta de control sobre las comunicaciones con dispositivos móviles en dependencias penitenciarias.

Para concluir, señaló que la reversión del escenario actual exige asumir una posición firme frente al crimen y dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas legales efectivas para la prevención del delito.