El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destrabó el financiamiento para reactivar la parálisis en las obras de la red de agua potable destinada a la localidad de Máximo Paz y diversos barrios del partido de Cañuelas.

A través de la Resolución N° 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, la gestión bonaerense aprobó formalmente el Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios, un paso clave que actualiza las planillas técnicas de la Licitación Pública Nº 91/2022 tras los desfasajes causados por el proceso inflacionario.

Los trabajos, que actualmente registran un avance de ejecución del 80 por ciento, contemplan el despliegue de cañerías de agua y la instalación de unas 1.500 conexiones domiciliarias en los barrios San Ignacio, Primero de Mayo, Morgante y Libertad.

Asimismo, el proyecto técnico abarca el tendido de más de 2.300 metros de cañería de impulsión sobre el eje de las calles San Juan, Perú, San Vicente y Acuña, sumado a otros 950 metros de vinculación de red en el sector de Rawson, Mozotegui y Carlos Gardel.

En el caso específico de Máximo Paz, las tareas incluyen 650 conexiones domiciliarias cortas y 450 largas que beneficiarán de forma directa a unos 1.300 residentes.

El convenio que dio luz verde al nuevo esquema financiero fue refrendado ad referéndum por las autoridades de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y el apoderado de la empresa constructora Leymer S.A., Federico Podestá Castro.

El documento establece un balance estricto del desfasaje acumulado entre mayo y diciembre de 2024, periodo en el cual los ajustes por variación de costos se fijaron en un total de 1.111.216.815,43 pesos.

Como el Estado provincial ya había inyectado más de 1.054 millones de pesos bajo la modalidad de adelantos provisorios para evitar el freno total de las máquinas en los certificados de obra anteriores, el saldo neto real a depositar a la contratista quedó establecido en 56.487.098,12 pesos. Con la correspondiente adición de las tasas de inspección técnica del 1 por ciento y las reservas legales de la Ley N° 14.052, la partida presupuestaria global convalidada en esta instancia asciende exactamente a 58.746.582,04 pesos.

Para instrumentar este pago definitivo y garantizar que los fondos públicos se traduzcan en la finalización de los trabajos, los ministerios bonaerenses impusieron condiciones estrictas a la firma prestaría del servicio de obra.

Por un lado, la constructora debió suscribir una renuncia expresa a cualquier tipo de reclamo administrativo o judicial posterior por mayores costos, intereses o supuestos perjuicios financieros derivados de ese bache temporal. Por el otro, la firma se obligó formalmente a acatar un nuevo plan de trabajos y una rigurosa curva de inversión auditada por los inspectores del gobierno.

Con este blindaje legal y la intervención preventiva de los organismos de control —la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado—, el escenario técnico quedó completamente despejado. De este modo, la gestión de Axel Kicillof busca asegurar de manera inmediata el avance de la infraestructura urbana pendiente para saldar una deuda histórica de saneamiento elemental en la región.