El actual entrenador de Banfield y subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Italia 1990, Pedro Troglio, volvió a presentarse ante la Justicia platense en la causa que investiga una supuesta estafa inmobiliaria ligada a la desarrolladora ABES. A través de su patrocinante legal, Miguel Molina, solicitó que la Fiscalía pida formalmente la detención del abogado Diego Lacki, a quien acusa de encabezar una asociación ilícita y administrar los negocios bajo sospecha.

La presentación formal recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata. En el escrito, la defensa del exfutbolista incorporó 66 audios de WhatsApp e información bancaria para respaldar la sospecha sobre la responsabilidad de Lacki en la maniobra investigada. Asimismo, reclamó la citación a declaración indagatoria, en calidad de imputados, de Macarena Núñez (gerenta de la firma) y Juan Ignacio Eulloque (apoderado), bajo las figuras de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.

Entre el material probatorio arrimado al expediente, destacan los intercambios de voz entre el propio Lacki y Fernando Gil, allegado al DT que actuó como nexo comercial para acercarlo a los emprendimientos de la constructora. Los registros darían cuenta de las dinámicas operativas de la desarrolladora y del rol protagónico atribuido al letrado en las negociaciones económicas con los inversores.

Más allá del esquema de la presunta estafa comercial, la causa suma ribetes controversiales en los tribunales locales por el entorno familiar del imputado. Diego Lacki es hermano de Javier Lacki, cónyuge de la fiscal bonaerense Betina Smolinsky, conocida públicamente con el apellido de su esposo como Betina Smolinski de Lacki por sus actuaciones en investigaciones relativas a la dirigencia política provincial.

En los pasillos de la administración de justicia platense circulan versiones sobre supuestas interferencias de la funcionaria judicial para desacelerar o condicionar el avance del trámite que involucra a su familiar. Si bien se trata por el momento de rumores carentes de certificación documental concreta en el expediente, la trama mantiene bajo estricta mirada el accionar institucional mientras la fiscalía evalúa los pasos a seguir.