Un informe elaborado por el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, encendió las alarmas sobre la realidad financiera que atraviesan las familias en el territorio bonaerense. Según el trabajo técnico con datos actualizados a septiembre de 2026, en la provincia de Buenos Aires existen cerca de 1,84 millones de personas en situación de mora monetaria, acumulando un pasivo impago que alcanza los 6,49 billones de pesos y proyectando una tasa media de morosidad del 20,17%.

El relevamiento del dirigente del Frente Renovador ordena la información distrito por distrito para evidenciar que el promedio provincial funciona como una estadística engañosa que oculta severas desigualdades territoriales. La investigación señala que el crédito dejó de operar como un canal de financiamiento habitual para transformarse en una encrucijada financiera, exponiendo una disparidad superior a los diecisiete puntos porcentuales entre los municipios más castigados y los de menor índice de incumplimiento.

En el mapa del endeudamiento, el ranking de morosidad lo encabeza el municipio de José C. Paz con un 32,86%, seguido de cerca por Presidente Perón con un 32,73%, Florencio Varela con un 32,48%, Malvinas Argentinas con un 31,34% y San Vicente con un 29,92%. La nómina de las comunas más comprometidas se completa con distritos como Ezeiza, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría y Berazategui, mientras que la capital provincial, La Plata, registra un 15,61%, marcando el piso más bajo entre los municipios con datos relevados.

Frente a este escenario, Martello advirtió que mirar la provincia de Buenos Aires como un bloque uniforme impide implementar soluciones operativas eficaces. Al analizar la problemática municipio por municipio, el funcionario remarcó que surgen realidades crudas en donde casi cuatro de cada diez vecinos endeudados no logran hacer frente a sus compromisos, a escasa distancia de otros distritos donde la morosidad representa la mitad. Por ello, instó a contar con datos desagregados por comuna y franja etaria para intervenir de manera preventiva antes de que los compromisos financieros se vuelvan impagables.

El fenómeno local se inserta en un contexto socioeconómico nacional caracterizado por el deterioro del poder adquisitivo. Mientras la mora en todo el país promedió un 17,4% a mediados de año, entre los jóvenes menores de 25 años el indicador trepó al 36,84%. Registros del Banco Central reflejaban ya a fines de 2025 que unos 6,7 millones de personas combinaban créditos bancarios con financiamiento no financiero, al tiempo que el 80% de los dos millones de nuevos deudores digitales incorporados ese año ya acarreaba deudas previas.

La causa principal del fenómeno reside en el desfase entre salarios e inflación, donde el financiamiento terminó utilizándose para cubrir gastos cotidianos básicos. En el período comprendido entre enero de 2025 y marzo de 2026, el salario privado registrado aumentó un 35,2% frente a un costo de vida en el Gran Buenos Aires que acumuló un 40,8%, con alzas del 70,9% en alquileres, 50,4% en servicios básicos y 45,1% en alimentos.

Para revertir esta situación, el documento plantea una hoja de ruta con dos ejes de gestión prioritarios. Por un lado, propone confeccionar una matriz integral sobre los 135 municipios bonaerenses que cruce el número de deudores, la deuda por habitante, los índices de mora, la composición por edad y las Necesidades Básicas Insatisfechas a través de un Índice Municipal de Vulnerabilidad Financiera. Por otro lado, insta a utilizar dicho diagnóstico para focalizar programas de educación financiera y asistencia al consumidor directamente en los distritos y sectores demográficos de mayor riesgo, reemplazando las campañas genéricas por intervenciones territoriales directas.