A través de una dura declaración institucional, los senadores bonaerenses del bloque Fuerza Patria manifestaron su categórica oposición al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) impulsado por el Gobierno Nacional.

Desde el espacio parlamentario advirtieron que la medida no representa una simple operación financiera o empresarial, sino la entrega de un recurso estratégico, la vulneración de un derecho humano fundamental y la pérdida de una herramienta central para el desarrollo del país.

Los legisladores remarcaron que el remate de la empresa estatal provocará un perjuicio económico directo tanto para las arcas públicas como para los bolsillos de la población. En ese sentido, señalaron que deshacerse de un activo rentable y construido durante décadas con inversión pública terminará empeorando las cuentas del Estado, ya que históricamente el sector público acaba asumiendo las deudas, subsidiando a las concesionarias y garantizando ganancias en divisas.

Asimismo, alertaron que para los usuarios la privatización se traducirá de manera inevitable en un fuerte aumento tarifario, recordando que en los años noventa las tarifas subieron significativamente, se fijaron cargos abusivos y se cobró por obras que jamás se ejecutaron, en un esquema donde la lógica comercial prioriza cobrar más por un menor servicio.

En el plano sanitario y ambiental, la bancada legislativa enfatizó que la falta de agua potable y redes cloacales genera focos de enfermedad, contaminación e inequidad. Al respecto, repasaron que durante la experiencia privatizadora anterior las expansiones del servicio se volcaron únicamente hacia zonas de alto poder adquisitivo de CABA y el norte del conurbano, dejando de lado al cordón profundo de la Provincia por no considerarlo rentable.

Por el contrario, remarcaron que tras la reestatización encarada en 2006 se logró incorporar a millones de personas a la red, priorizando a los sectores más vulnerables. Volver al modelo privado, indicaron, implicaría condenar a los barrios populares a la exclusión sanitaria y al uso de pozos contaminados.

Finalmente, las senadoras y los senadores de Fuerza Patria encuadraron el debate en una cuestión de soberanía nacional, sosteniendo que el agua es un bien soberano reconocido como derecho humano por la ONU y no una mercancía sujeta a la búsqueda de lucro.

Al controlar la potabilización y distribución del recurso en el área más poblada de la Argentina, el traspaso de AySA a manos privadas significaría ceder la capacidad estatal de planificar el territorio y cuidar el ambiente. Frente a este panorama, el bloque exigió al Ejecutivo Nacional la suspensión inmediata del proceso de privatización y la reactivación urgente de las obras y programas de infraestructura que hoy se encuentran paralizados.