El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 del Consejo Escolar de Chascomús, pero no sin antes dejar en evidencia una serie de irregularidades que involucran directamente al manejo de los fondos destinados a la alimentación de los chicos en las escuelas públicas del distrito.

Según el Fallo N° 505/2026, firmado el 20 de agosto, el organismo aplicó una multa de $300.000 a cada uno de los siete responsables del cuerpo: la entonces presidenta Marisa Echagüe, el vicepresidente Juan Manuel Arzuaga, la secretaria Paula González, el tesorero Nicolás Centenaro, las vocales Jimena Novoa y María Guadalupe Metri, y el secretario técnico José Arturo Gamboa. La sanción responde a que, en las contrataciones de proveedores del Servicio Alimentario Escolar durante septiembre y octubre de 2024, no se presentaron las ofertas correspondientes a dos adjudicatarios, faltaron garantías de oferta y se detectó que siete proveedores habituales ni siquiera estaban inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado provincial.

Pero lo más grave aparece en el segundo punto del fallo: un cargo solidario de $10.691.586,79 contra Echagüe y Centenaro por egresos que no lograron acreditarse. El Tribunal había pedido comprobantes de entrega de la mercadería del SAE(Servicio Alimentario Escolar)y en varias órdenes de pago los remitos presentados resultaron directamente truchos: figuraban con fecha 2024, pero un análisis técnico determinó que fueron impresos recién en diciembre de 2025 y marzo de 2026, es decir, más de un año después de la supuesta entrega. Por esa razón, el organismo desaprobó egresos por $7.466.664 y sumó intereses por $3.224.922,79, hasta completar los casi $10,7 millones que ahora deberán devolver.

Se trata de plata que estaba destinada a garantizar la comida de chicas y chicos en las escuelas públicas de Chascomús, y que terminó envuelta en una маraña de documentación incompleta, sin foliar y sin controles mínimos. Un antecedente que vuelve a poner sobre la mesa la falta de transparencia en la gestión de fondos sensibles dentro de los Consejos Escolares bonaerenses.