El vertiginoso incremento de conductores y repartidores vinculados a aplicaciones de movilidad en la Argentina se ha consolidado como un reflejo directo de la erosión del poder adquisitivo y la persistente escasez de empleo formal adecuadamente remunerado. Lejos de ser un fenómeno aislado, especialistas en economía y sociología advierten que la fisonomía de la clase media atraviesa un profundo proceso de reconfiguración estructural impulsado por las políticas macroeconómicas del gobierno nacional. Detrás de la proliferación del pluriempleo se ocultan ingresos depreciados, negociaciones paritarias contenidas e índices inflacionarios que impactan de lleno en el consumo cotidiano.

En este marco de ajuste y pérdida de capacidad de compra, las decisiones estatales han comenzado a convalidar la participación en estas plataformas como una vía de subsistencia frente a la crisis salarial. Un antecedente directo fue la habilitación formal otorgada a integrantes de las Fuerzas Armadas para que, durante sus horas de descanso, puedan desempeñarse como choferes de empresas de viajes, repartidores o personal de seguridad privada para compensar sus ingresos.

La problemática tomó un cariz político e institucional inédito en la provincia de Buenos Aires tras conocerse una iniciativa impulsada en el municipio de Morón, gestionado por el intendente Lucas Ghi, referente del espacio Movimiento Derecho al Futuro vinculado a Axel Kicillof. Desde la propia gestión local se lanzó una convocatoria pública orientada a reclutar mujeres para incorporarse como conductoras de la plataforma Uber.

El hecho generó fuertes cuestionamientos debido a que la convocatoria fue coordinada a través de la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de la comuna. Críticos e integrantes del sector señalan el contraste entre el rol institucional que debería cumplir dicha área, enfocada en la contención frente a situaciones de vulnerabilidad, violencia socioeconómica y la promoción de empleos de calidad, y el fomento de tareas caracterizadas por la flexibilización laboral y la precarización.

A este escenario se suma la repercusión por el reciente devenir institucional del área municipal. Hasta pocas semanas atrás, la Secretaría de Género de Morón estuvo bajo la conducción de Luna Suyai Ortigoza, quien fue aprehendida el pasado 30 de julio en la localidad de Merlo tras encontrarse prófuga, investigada por su presunta vinculación con una organización dedicada al narcotráfico.

Mientras tanto, los datos aportados por las cámaras del sector confirman que el número de trabajadores en plataformas digitales se ha duplicado exponencialmente durante los últimos años. El perfil de los prestadores del servicio se diversificó notablemente con la incorporación masiva de profesionales, docentes, jubilados, asalariados formales y mujeres que buscan complementar sus entradas mensuales. Aunque desde las compañías argumentan que la suma de conductoras responde a una demanda propia del sector femenino, especialistas remarcan que la necesidad económica termina relegando las prioridades personales y de estabilidad laboral de miles de familias bonaerenses.

Desde organizaciones de mujeres, que no comparten gestión ni miradas con las iniciativas de Lucas Ghi, apuntaron que la iniciativa impulsada por el municipio no representa ninguna novedad, ya que el esquema de mujeres conductoras que trasladan exclusivamente a pasajeras existe desde hace tiempo como una respuesta autogestionada frente a situaciones de inseguridad y bajo un criterio de solidaridad entre pares. En ese marco, advirtieron que la comuna intenta adjudicarse como política pública una dinámica que fue articulada directamente por las trabajadoras sin requerir la intervención de ningún organismo externo.

Asimismo, remarcaron el contraste entre el escenario actual y el recorrido histórico del área en Morón, distrito pionero a nivel nacional al crear la primera Dirección de Políticas de Género en el año 2004.

Aquella experiencia marcadora e innovadora contrapone, según los cuestionamientos, con la situación actual, donde se señala un desmantelamiento de los equipos técnicos, la pérdida de cuadros capacitados y un desinterés general para el diseño de respuestas adaptadas a las demandas contemporáneas.

Finalmente, en un contexto económico complejo, se tildó de "pobre" la respuesta oficial al entender que impulsar el trabajo en plataformas informales fomenta el pluriempleo y la precarización en lugar de generar herramientas de acompañamiento e inclusión laboral genuina.