En una jornada de fuerte impacto político para el distrito de Pilar, el Concejo Deliberante aprobó la creación del Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos. La iniciativa busca evitar de forma categórica que bienes, activos o capitales provenientes del tráfico de sustancias ilícitas sean insertados en la economía legal del municipio a través de proyectos, inversiones o emprendimientos sujetos a la habilitación y control de la comuna.

Definida como una "ficha limpia de inversiones", la flamante ordenanza otorga amplias facultades al gobierno municipal para investigar el origen de los recursos en cualquier emprendimiento comercial o inmobiliario antes de su aprobación. De esta manera, las personas físicas o jurídicas que cuenten con vinculaciones en causas por narcotráfico o blanqueo de dinero quedarán inhabilitadas para operar en Pilar, impidiendo a su vez el uso de sociedades o estructuras corporativas complejas destinadas a enmascarar a sus verdaderos titulares.

La normativa se aprobó por mayoría en el recinto local gracias al respaldo del bloque de Unión por la Patria. En contraposición, los concejales presentes de La Libertad Avanza —Andrés Genna, María Ratti, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas— votaron de manera negativa durante la votación nominal.

Desde el Ejecutivo municipal valoraron la iniciativa e indicaron que el distrito da un paso firme para cerrarle la puerta al narcolavado. Según señalaron fuentes oficiales, la procedencia del capital resulta determinante para el municipio, por lo que este nuevo marco normativo garantizará que ningún grupo ligado al crimen organizado pueda radicarse ni operar en la comuna.

La sanción de este esquema preventivo tiene como trasfondo un antecedente de resonancia en el partido: la causa por lavado de dinero que involucró al abogado Mateo Corvo Dolcet y al emprendimiento Pilar Bicentenario en el kilómetro 46 de la ruta Panamericana. Aquella megainversión inmobiliaria quedó paralizada tras ser vinculada judicialmente con un cartel de narcotráfico colombiano. En ese predio, que luego fue cedido temporalmente al municipio para la instalación de dependencias y un vacunatorio, persisten disputas judiciales e informes sobre su estado, lo que reavivó el debate sobre la urgencia de establecer mecanismos de control financiero previo a nivel local.