La senadora provincial por Fuerza Patria, Mónica Macha, participó de la mesa de trabajo realizada en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para acompañar el repudio al proyecto de Falsas Denuncias impulsado por la senadora nacional Carolina Losada y pedir la absolución de Patricia Godoy

Durante el encuentro, las legisladoras manifestaron su preocupación por este proyecto, que propone modificar los artículos 245 y 275 del Código Penal para endurecer las penas frente a supuestas falsas denuncias, una medida que podría generar nuevas barreras para las mujeres, niñeces y adolescencias que buscan acceder a la Justicia.

“El proyecto de falsas denuncias busca deslegitimar las voces de las mujeres y las niñeces que denuncian situaciones de violencia de género y abuso sexual”, sostuvo Macha.

En este sentido, las legisladoras presentes adhirieron a los proyectos de ley 1471/26-27, presentado por las diputadas Ayelén Rasquetti y Sofía Vannelli, y 422/26-27, presentado por las senadoras Mónica Macha y Laura Clark, que expresan el rechazo a la iniciativa nacional. Asimismo, reclamaron la absolución de Patricia Godoy, cuyo caso constituye un ejemplo concreto de las consecuencias que puede tener una Justicia que no escucha a quienes denuncian y atraviesan situaciones de violencia.

Los datos disponibles muestran que las llamadas “falsas denuncias” constituyen un fenómeno estadísticamente marginal. Un relevamiento federal realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, que analizó más de 8 millones de causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones, señala que las investigaciones por falsa denuncia representan apenas el 0,09% del total. Además, el 92% corresponde a delitos que no tienen relación con la violencia de género.

Al mismo tiempo, existe un fuerte subregistro de las violencias de género y sexual. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia de 2022, el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida y el 77% no realizó ninguna denuncia. En el caso de la violencia sexual, el Segundo Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres señala que cerca del 20% sufrió violencia sexual en su vida adulta y el 88% no denunció.

En la misma línea, el Comité de Expertas del MESECVI de la OEA advirtió que iniciativas de este tipo pueden constituir una barrera legislativa adicional para el acceso efectivo a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia y comprometer las obligaciones asumidas por los Estados en el marco de la Convención de Belém do Pará.

El caso de Patricia Godoy resulta paradigmático. Madre de Marisol Günter, víctima de femicidio en La Plata en 2011, Patricia fue convocada ese mismo año como testigo en el juicio por el cuádruple femicidio de La Loma. Tras una denuncia por falso testimonio presentada por uno de los imputados, fue condenada el 29 de diciembre de 2025 a cuatro años y medio de prisión, luego de casi 15 años de espera para el juicio.

Su caso expone las consecuencias de una Justicia atravesada por estereotipos y sesgos de género. La sentencia cuestionada utilizó, entre otros elementos, su participación en movilizaciones feministas para construir un supuesto móvil de denuncia falsa.

“El problema no son las denuncias, sino el acceso a la Justicia. Una Justicia elitista, misógina y adultocéntrica que no escucha a las mujeres ni a las niñeces”, afirmó Macha.

Y agregó: “Si avanza este proyecto, los varones violentos y pedófilos podrán utilizarlo como un mecanismo de defensa. Instalar este tema busca generar temor y desalentar las denuncias de mujeres, niñeces y adolescencias. Por eso, luchamos para que no avance el lobby pedófilo”.

Frente a este escenario, las legisladoras reclamaron políticas públicas efectivas contra las violencias de género, presupuesto para su implementación y garantías de acceso a la Justicia.

Del encuentro participaron también familiares de víctimas de femicidio y la organización Familiares Atravesados por el Femicidio.