El titular de la bancada del PRO en el Senado provincial requirió al Poder Ejecutivo que adhiera al nuevo esquema nacional impulsado por la ENACOM. Remarcó que otras provincias ya se sumaron a la iniciativa y advirtió sobre la urgencia de actuar para impedir que se sigan organizando delitos tras las rejas.

El presidente del Bloque de Senadores del PRO en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Petrecca, renovó su reclamo formal para que la administración bonaerense ponga en marcha un bloqueo efectivo de los dispositivos móviles que operan de manera ilegal dentro de los establecimientos penitenciarios. La propuesta vuelve al centro de la escena política en un contexto donde el Gobierno nacional y distintas provincias ya han comenzado a aplicar herramientas técnicas de restricción.

A comienzos del período legislativo en curso, Petrecca había impulsado una iniciativa parlamentaria enfocada en resolver una situación que incide de modo directo en la seguridad de la ciudadanía: el uso descontrolado de telefonía celular en los penales para la planificación de extorsiones, estafas virtuales y la coordinación de bandas delictivas operativas en la vía pública. A pesar del impacto social del asunto, el expediente formal no registró avances en el trámite parlamentario ni fue debatido en el ámbito de las comisiones correspondientes, como tampoco se verificaron medidas operativas por parte de las autoridades ejecutivas bonaerenses.

En el terreno nacional, el marco normativo se modificó sustancialmente. La Resolución 336/2026 dictada por el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un protocolo específico para la detección y neutralización de terminales no autorizadas en cárceles federales. Posteriormente, la Resolución 734/2026 emitida por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) extendió el alcance de dicho procedimiento a todos los complejos penitenciarios provinciales que formalicen su adhesión al régimen.

“Lo planteamos a principios de año porque entendíamos que un celular dentro de una cárcel puede convertirse en una herramienta para seguir delinquiendo afuera. El proyecto ni siquiera fue tratado en comisión y hoy Nación ya puso a disposición de las provincias una herramienta concreta. Buenos Aires no tiene por qué seguir esperando”, enfatizó el legislador opositor.

El dispositivo tecnológico normado habilita la inhabilitación simultánea del código IMEI del aparato, del módulo IMSI asignado al abonado y del número de línea. Este esquema integral evita la reinstalación del servicio mediante el simple recambio del chip, neutralizando la capacidad operativa de los dispositivos ingresados irregularmente a los penales.

El escenario provincial muestra adhesiones concretas. La provincia de Córdoba procedió a la firma del protocolo para su implementación inmediata, al tiempo que en la provincia de Río Negro se promovieron pedidos legislativos similares para incorporar los penales locales a la red de inhabilitación. Con estos antecedentes, Petrecca urgió al gobierno provincial a tramitar la adhesión inmediata y desplegar el sistema en las unidades penitenciarias distribuidas en el territorio bonaerense.

“Ya no estamos discutiendo si técnicamente se puede hacer. La herramienta existe y otras provincias están avanzando. Lo que falta en Buenos Aires es tomar la decisión y aplicarla. Desde una cárcel no se puede permitir que se siga estafando, extorsionando o coordinando delitos contra los vecinos”, agregó Petrecca.

Asimismo, el representante senatorial aclaró que el debate planteado no busca restringir derechos constitucionales de la población carcelaria, sino garantizar que la privación de la libertad ordenada por la Justicia mantenga su eficacia preventiva y no resulte compatible con la continuidad de la actividad criminal en el exterior.

En su tramo final, la presentación ratifica la necesidad de adoptar decisiones contundentes frente al flagelo del delito complejo y exige celeridad a las autoridades provinciales para sumar a Buenos Aires al convenio federal disponible.