La empresa avícola del Grupo GTA, avanza con el despido de 74 trabajadores mientras las empresas del grupo arrastran desde 2024 conflictos por salarios atrasados, pagos fraccionados, aguinaldos adeudados e incumplimientos.

UATRE denuncia represalias contra quienes participaron de asambleas y advierte que los despidos se producen en un contexto de avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. “No vamos a permitir que se utilice esta reforma para dejar a los trabajadores cada vez más indefensos”, afirmó Natalia Sánchez Jáuregui, Secretaria de Organización de UATRE.*

La crisis que atraviesan los trabajadores de las empresas del Grupo GTA desde 2024 sumó un nuevo capítulo con los despidos en WADE. Según el relevamiento realizado por UATRE, son 74 los trabajadores afectados en distintos establecimientos: 17 en Loma Verde, 15 en Aurora, 10 en Río Diamante, 12 parrilleros de San Miguel del Monte, 7 en Pila, 7 en Gorch y 6 en Campana.

Los despidos se producen después de meses de salarios atrasados, pagos fraccionados —que en algunos casos llegaron a diez cuotas—, incumplimiento de compromisos y falta de pago de aguinaldos. Una situación que, según el sindicato, obligó a numerosas familias a endeudarse para poder afrontar sus gastos cotidianos.

“Hace dos años los trabajadores vienen financiando con su propio bolsillo una crisis que no generaron. Les pagaron tarde, les pagaron en cuotas, incumplieron compromisos y ahora, cuando reclaman, los despiden. Esto no es una salida empresarial: es descargar la crisis sobre los trabajadores”, afirmó Sánchez Jauregui.

Entre los despedidos hay trabajadores que se encontraban con licencias por enfermedad o paternidad y otros que participaron de asambleas y acciones gremiales para reclamar por los salarios adeudados. UATRE denuncia además que algunos trabajadores que participaron de esos reclamos sufrieron descuentos sobre sus haberes, incluso cuando la empresa mantenía salarios pendientes de pago.

“Es inadmisible que un trabajador participe de una asamblea porque no le están pagando el salario y la respuesta sea un descuento o un despido. No se puede utilizar el poder económico de una empresa para disciplinar a quienes reclaman por sus derechos”, afirmó Sánchez Jáuregui.

La situación llegó incluso a un escenario que, para UATRE, resulta especialmente preocupante: durante una de las asambleas se hizo presente personal de Recursos Humanos acompañado por un escribano y efectivos policiales.

“No hace falta ser delegado para tener derechos. Si un trabajador participa de una asamblea porque no le están pagando y la respuesta de la empresa es despedirlo, estamos frente a una represalia. Y que durante una asamblea se haga presente personal de Recursos Humanos con un escribano y efectivos policiales demuestra el nivel de intimidación que se pretende instalar. Esto busca generar miedo y desalentar la organización de los trabajadores**”, sostuvo Sánchez Jáuregui.

La dirigente advirtió que detrás de estas situaciones existe un intento de avanzar hacia un modelo antisindical, en el que participar de una asamblea, reclamar colectivamente o ejercer un derecho pueda convertirse en motivo de despido.

"Lo que pretenden es avanzar hacia un modelo antisindical, donde reclamar, participar de una asamblea o ejercer un derecho colectivo tenga como consecuencia perder el trabajo. Quieren trabajadores con miedo a reclamar. No vamos a permitir que ese modelo se naturalice”, afirmó.

Para UATRE, los despidos también deben analizarse a la luz de las garantías establecidas por la Constitución Nacional. El artículo 14 bis protege el trabajo, establece la protección contra el despido arbitrario, garantiza una organización sindical libre y democrática y reconoce a los gremios el derecho de huelga.

“El artículo 14 bis no es una declaración decorativa: protege el trabajo, la organización sindical y el derecho de los trabajadores a reclamar. Si una persona participa de una asamblea y después recibe como respuesta un despido, estamos hablando de una situación que debe ser investigada y que no vamos a dejar pasar”, afirmó la Secretaria de Organización de UATRE.

En ese marco, Sánchez Jáuregui cuestionó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que los cambios en materia laboral no pueden convertirse en una herramienta para debilitar la capacidad de defensa de los trabajadores.

“Esto es lo que está en discusión con la reforma laboral. Mientras el Gobierno nacional avanza sobre derechos y herramientas de organización, algunas empresas pueden interpretar que tienen vía libre para disciplinar a quienes reclaman. No quieren trabajadores con derechos: quieren trabajadores con miedo”, sostuvo.

La dirigente también puso el foco en el rol que tuvieron los trabajadores durante los momentos más críticos de la actividad. Delegados y empleados que hoy están entre los despedidos fueron quienes realizaron gestiones ante empresas de energía para evitar cortes que podían paralizar las granjas, donde la interrupción del suministro también podía poner en riesgo a los animales.

“Cuando hubo que sostener las granjas, los trabajadores estuvieron. Cuando hubo que evitar que se cortara la energía, también estuvieron. Pero cuando reclamaron cobrar sus salarios, la respuesta fue el despido. Esa es la verdadera cara de esta situación”, cuestionó.

Desde UATRE aseguran que se agotaron las instancias administrativas, las audiencias, las reuniones y las gestiones políticas para encontrar una solución. Ahora reclaman la reincorporación de los trabajadores despedidos, el pago de las deudas salariales y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“No vamos a aceptar que la reforma laboral se convierta en una carta blanca para despedir, disciplinar o perseguir trabajadores. Los derechos que garantiza la Constitución no pueden quedar subordinados a las necesidades de una empresa ni a un proyecto político que pretende flexibilizar las condiciones de trabajo”, afirmó Sánchez Jáuregui.

La organización sindical advierte que profundizará las acciones para defender los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores afectados.

“No vamos a permitir que la crisis la paguen siempre los mismos. Los trabajadores no son el costo de ajuste de ninguna empresa ni de ningún Gobierno”, concluyó la Secretaria de Organización de UATRE.