En el marco de su línea de investigación en política energética, la Fundación Encuentro advierte que el precio de los combustibles aumentó 558% desde noviembre de 2023, cuando el Gobierno devaluó el peso un 54% y liberó los precios del sector, hasta la actualidad. El litro de nafta súper pasó de $311 a superar los $2.000, un incremento muy por encima del 311% acumulado por los salarios privados en el mismo período. Medido en dólares, el combustible también subió cerca de 45% en el último año.

Esa brecha se tradujo en una pérdida concreta de poder de compra: un salario privado promedio permitía cargar 26,3 tanques de 50 litros en noviembre de 2023, mientras que hoy solo alcanza para 16,4, una caída del 38%. El informe señala además que esta evolución de precios convive con resultados sectoriales elevados: YPF presentó en el segundo trimestre de 2026 el mayor resultado de su historia, en un contexto de superávit fiscal, lo que contrasta con la caída del poder adquisitivo registrada a nivel de los hogares.

El relevamiento cuestiona, en particular, el criterio con el que se fija el precio interno de los combustibles pese a que la Argentina produce su propio petróleo: la producción de Vaca Muerta creció 47% en el último año y las refinerías trabajan al tope de su capacidad, pero el precio continúa fijándose como si el combustible se importara desde el exterior. El impacto, además, no se limita a quienes tienen vehículo propio: según el informe, el mayor costo de los combustibles puede explicar hasta 2,5 puntos de la inflación anual, al trasladarse al costo del transporte de mercaderías y, de ahí, al precio final de alimentos y otros bienes.

El informe también señala el destino de los impuestos a los combustibles asignados por ley a la construcción y el mantenimiento de rutas. De los 1,5 billones de pesos recaudados con ese fin en los últimos dos años y medio, solo el 26% se ejecutó en obra vial, mientras que el resto permaneció colocado en plazos fijos y bonos del Estado. Con los fondos no ejecutados, sostiene el informe, podrían haberse mejorado entre 20 y 25 mil kilómetros de rutas, equivalentes a cerca de dos tercios de la red vial nacional. El relevamiento concluye con un llamado a mayor transparencia en la fijación del precio interno, a que los fondos asignados a rutas se ejecuten efectivamente en obra vial, y a un esquema fiscal que no dependa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.