El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza volvió a poner el foco en el gasto público de la Provincia y apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof. En esta oportunidad, aprovechando el contexto del Mundial que se disputará en Estados Unidos, los legisladores libertarios presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo explique la existencia y funcionamiento de una oficina que la provincia de Buenos Aires mantiene —al menos en los papeles— en la ciudad de Miami desde 1998.

La iniciativa fue impulsada por el senador platense Matías de Urraza, quien además propone derogar las Leyes N° 12.221 y 12.222, sancionadas hace más de 25 años, que crearon una comisión destinada a implementar una oficina de “promoción de negocios e inversiones” en territorio estadounidense.

“Mantener una oficina en Miami creada en 1998, sin resultados, es una falta de respeto al esfuerzo a todos los bonaerenses. La Provincia no necesita embajadas fantasmas, necesita un Estado que deje de gastar, de crear estructuras y empiece a priorizar las urgencias reales: salud, seguridad y educación”, cuestionó el legislador.

En esa línea, De Urraza remarcó que las normas vigentes responden a otro contexto económico y político. “Las Leyes cuya derogación impulsamos se sancionaron en el año 1998 y distan significativamente de las necesidades y prioridades del gasto en la Provincia de Buenos Aires al día de hoy. Ordenar, achicar y hacer más eficiente el estado provincial es una condición necesaria para, poder luego, bajar impuestos. Toda estructura provincial funciona y se financia de recursos públicos, que son impuestos que pagan los bonaerenses”, sostuvo en los fundamentos del proyecto.

Según se detalla en la presentación, la oficina en Miami fue concebida como una herramienta para atraer inversiones internacionales y posicionar a la provincia en la denominada “tierra de las oportunidades”. La propuesta original fue presentada el 17 de marzo de 1998 por los diputados Hugo Daniel Guerrieri, del Frepaso, y Pablo Vacante, del Partido Justicialista, en un acuerdo político que incluyó tanto al oficialismo como a la oposición de aquel momento. Ese mismo año obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue aprobada definitivamente en el Senado una semana después.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza aseguran que no existen resultados concretos que justifiquen su continuidad, y por eso reclaman al gobierno provincial que informe si la oficina sigue funcionando, qué actividades realiza, cuánto cuesta mantenerla y qué beneficios generó para la Provincia en estos años.

El planteo se inscribe en una estrategia más amplia del espacio libertario, que busca instalar el debate sobre el tamaño del Estado y la eficiencia del gasto público en la provincia de Buenos Aires, con cuestionamientos directos a la administración de Kicillof.