El rebusque de los intendentes es infinito y cada uno se mueve en el parámetro que la naturaleza le otorgó. Algunos distritos, como los del conurbano, giran al ritmo de fábricas, empresas y pymes, y en el interior. La actividad agropecuaria resulta más que atractiva a la hora de la recaudación.

En la ciudad de 9 de Julio, distrito gobernado por la intendente PRO María Gentili, se impuso una medida que no solo genera mayores ingresos a la comuna sino que también algunos reproches.

Por supuesto, los grandes reclamos siempre provienen de los sectores más pudientes, que impulsados por cierta impunidad que le entrega la billetera llena, reclaman en demasía y exigiendo bondades impositivas cuasi gratuitas.

El grito en el cielo lo pusieron los terratenientes enrolados en la Sociedad Rural de 9 de Julio que se quejaron ante la jefa comunal de Mauricio Macri por la imposibilidad del traslado de la hacienda.

El tema es que la intendenta Gnetile, en la ordenanza fiscal de este año, incluyó una medida que tiene que ver con la morosidad. Todo aquel que deba tasas municipales no podrá realizar trámites municipales hasta tanto no esté al día con los impuestos.

La queja rural comenzó cuando varios dueños de campos fueron al municipio a solicitar el permiso de sacar guías para el traslado de hacienda. Por supuesto, varios de ellos recibieron la negativa y es ahí donde estalló el debate.

Según los ruralistas, los trabajadores de la tierra que estaban incluidos adentro de la emergencia rural quedaban exentos de todo tipo de trabas administrativas. Empero, desde la comuna remarcaron que “ellos podrán realizar los trámites correspondientes siempre que no registren deudas de períodos anteriores o posteriores a los contemplados por el certificado de emergencia”.

En tanto, desde las oficinas de la intendenta PRO sentenciaron: “No es una medida recaudatoria, es cuidar los recursos y los servicios que brinda el municipio”.