En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la dirigente gremail reclamó más políticas públicas para proteger a la niñez, advirtió sobre la situación en las zonas rurales y cuestionó los discursos que intentan justificar la explotación infantil como respuesta a la pobreza.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Natalia Sánchez Jauregui, secretaria de Organización de UATRE y cosecretaria de la Secretaría de Protección a la Niñez de la CGT, renovó el llamado a fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar toda forma de explotación infantil y advirtió sobre la necesidad de garantizar una mayor protección para los niños, niñas y adolescentes, especialmente en las zonas rurales.

La dirigente destacó que la problemática continúa afectando a millones de niños y niñas en todo el mundo. Citó los últimos datos difundidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, que estiman que 138 millones de menores se encuentran en situación de trabajo infantil y que 54 millones realizan tareas peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo.

Sánchez Jauregui remarcó además que la agricultura sigue siendo el sector con mayor incidencia, concentrando alrededor del 61% de los casos a nivel global. En ese sentido, sostuvo que en las áreas rurales el trabajo infantil suele permanecer invisibilizado y muchas veces es naturalizado bajo el concepto de "ayuda familiar", cuando en realidad refleja situaciones de pobreza y vulneración de derechos.

"Estas cifras adquieren una dimensión aún más preocupante cuando observamos lo que ocurre en las zonas rurales, donde el trabajo infantil suele permanecer oculto y naturalizado", afirmó.

La referente sindical también hizo referencia al contexto argentino y señaló que las desigualdades territoriales y sociales exigen una mayor intervención estatal. En ese sentido, recordó que durante la reciente Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT instó al Gobierno argentino a fortalecer la inspección laboral, garantizar el diálogo social y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de derechos laborales.

Asimismo, expresó su preocupación por la circulación de discursos que buscan justificar el trabajo infantil como una alternativa frente a la pobreza. En ese marco, cuestionó las recientes referencias públicas a la obra Defendiendo lo indefendible, del economista Walter Block, que plantea la flexibilización de la prohibición del trabajo infantil.

"Ningún argumento económico o ideológico puede estar por encima de los derechos de niños, niñas y adolescentes", sostuvo Sánchez Jauregui, y agregó que "el trabajo infantil no constituye una elección libre, sino la consecuencia de desigualdades que deben abordarse mediante políticas públicas, educación, protección social y trabajo digno para las familias".

La dirigente recordó además que Argentina ratificó los Convenios 138 y 182 de la OIT y cuenta con legislación que prohíbe el trabajo infantil antes de los 16 años. "No se trata de una discusión teórica ni de una opinión; el trabajo infantil constituye una vulneración de derechos que afecta el desarrollo integral de niños y niñas y compromete su presente y su futuro", señaló.

Finalmente, reclamó al Gobierno nacional el fortalecimiento de las políticas de protección de la niñez, la asignación de recursos para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el cumplimiento efectivo de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales.

"La infancia debe ser una prioridad indelegable del Estado. Tenemos la responsabilidad de construir una sociedad donde todos los niños y niñas puedan crecer, aprender, jugar y desarrollarse plenamente, libres de cualquier forma de explotación", concluyó.