Aseguran que esa casa de estudios tiene “las cámaras de velocidad que más recaudan”. “No tenía alumnos y ya tenía firmado el convenio para recaudar. Crean la universidad y lo primero que hacen es firmar el convenio”, dijeron. Vale recordar que el Municipio de San Isidro suspendió por 180 días el sistema de fotomultas, tras encontrar inconsistencias en la ejecución de los convenios firmados en 2020 y 2022 con universidades públicas, que tercerizarían funciones y responsabilidades en empresas privadas.

La decisión la tomó el intendente Ramón Lanús por decreto y de manera transitoria, hasta que el Municipio pueda garantizar que la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios, mucho menos en beneficio de terceros, como debería haber sido su propósito siempre.

Al mismo tiempo, el decreto intimó a las dos universidades con las que la anterior gestión municipal suscribió los convenios, la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), a que en un plazo de 15 días respondan los requerimientos de información para aclarar las ambigüedades y contradicciones presentadas hasta el momento en respuesta a los reiterados requerimientos que hizo el Municipio.  Entre ellas, por ejemplo, la falta de precisión sobre el rol de terceros que supuestamente tienen a su cargo parte del proceso y un desconocimiento del marco jurídico aplicable al sistema.

El caso de la UNSO es particular. Solo egresa el 10% de los alumnos y cuesta casi 4 millones de pesos por alumno. De los 1.913 estudiantes registrados en 2022, apenas 206 se recibieron. El presupuesto proyectado para 2024 fue de $2.900 millones, dividido por la matrícula total, da un costo de $3.790.849 por estudiante; ugasto altísimo para una institución con resultados casi nulos.

“No tenía alumnos pero ya tenía fotomultas”, sostienen quienes conocen el caso de cerca. Las sospechas están en que la universidad, sostenida con recursos públicos, se convirtió en una caja política del Possismo. A saber, la operación de los “sistemas automatizados de detección de infracciones de tránsito” (el nombre formal de las fotomultas) en el ámbito municipal se lleva a cabo en virtud de convenios celebrados por su gestión. Concretamente los convenios con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), se firmaron el 1º de agosto de 2022 y el 23 de septiembre de 2022.

A diciembre de de 2023, con el cambio de gestión municipal, se detectó un “sistema opaco y con inconsistencias”, según la adminitración actual. Es que no existía en las oficinas municipales un listado completo que detalle todos los equipos de fotomultas instalados en el Municipio; había una ausencia total de procedimientos escritos; no existía sistematización de la información; faltaban constancias documentales, reportes, actas de trabajo e información relativa a los expedientes; tampoco había la documentación relacionada con la facturación del servicio ni un análisis de costos que establece la distribución entre Universidades y Municipio, lo que hacía 100% arbitrario.

La renuncia del funcionario de la gestión possista, Andrés Román Vásquez, encargado de la ejecución de este sistema, implicó la pérdida de la información relevante, pues la información obraba, únicamente, en su memoria. Al poco tiempo de salir de la gestión se fue a vivir a España.

El plazo de suspensión de las fotomultas rige desde el 23 de abril inclusive. Durante el período en que se encuentra suspendido el sistema, el Municipio llevará a cabo diversos operativos a cargo del cuerpo de Agentes de Tránsito municipal, tanto fijos como móviles, asegurando se respeten las velocidades permitidas, los semáforos y los cruces peatonales, controlando el tránsito y cuidando la seguridad vial.