Alberto Asseff, igual que el resto de la oposición, se mostró en contra de la decisión que adoptó el titular de la O.A. Félix Pablo Crous. Ante esa postura, el diputado nacional presentó un proyecto de repudio.

 

A continuación, los fundamentos:

 

En medio de una crisis grave con la del Covid-19 y quizás aprovechando que la ciudadanía está embargada por la incertidumbre tanto sanitaria como económica, el titular de la Oficina Anticorrupción, de forma solitaria, no siendo acompañado por el personal del organismo, manifestó: “El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa.

El debido impulso de la acción penal en relación con las mismas, en cualquiera de las instancias procesales que signe su trámite, se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.

El Dr. Félix Pablo Crous no está cumpliendo el mandato como titular de la Oficina Anticorrupción. El organismo procura detectar dinero y bienes producto de la corrupción y solicita a los jueces medidas para lograr su recuperación.

Esa Oficina no tiene permitido desistir de ser querellante cuando en una causa se hallan involucrados fondos públicos. No es su voluntad ni mucho menos la de su autoridad. Más allá de quienes la dirigen, la Oficina debe ser proactiva procurando resarcir al Estado de lo que presuntamente se le detrajo.

El ámbito de acción comprende organismos del Poder Ejecutivo Nacional y empresas, sociedades y todo otro ente público o privado en que el Estado participe o su aporte sea la principal fuente de recursos. A su vez, debe promover la ética pública, la cultura de la integridad y la transparencia en la gestión y los actos de gobierno.

Es claro que los argumentos esgrimidos por el Dr. Crous no cumplen ni un sólo objetivo de la Oficina Anticorrupción. Escudarse en que las causas ya fueron elevadas a juicio y se encuentran en la etapa de instrucción suplementaria con otra parte querellante, es totalmente irresponsable e ilógico.

Estamos ante un atropello más a la transparencia y búsqueda de la verdad. El Dr. Crous sostuvo que “la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional, se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación (...) concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.

Se evidencia una falta a la verdad de suma relevancia en cuanto que, el titular del organismo entiende que las causas de corrupción en las que la Vicepresidente de la Nación y sus hijos están siendo investigados, no se encuentra afectado el patrimonio del Estado. No existe justificativo para afirmar tan absurdo pensamiento. Lo que estamos viendo no pude ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción.

También es inadmisible escudarse en los recursos ilimitados, dado que, durante los anteriores 4 años, las querellas de la Oficina Anticorrupción colaboraron con jueces y fiscales con profesionalismo y rigurosidad.

Se alcanzaron avances históricos como la condena del ex Vicepresidente Amado Boudou (hoy con detención domiciliaria) y la de Julio de Vido por la tragedia de Once (también con prisión domiciliaria). Además, se inició el juicio por la obra pública de Vialidad dirigida a Lázaro Báez que llevó a declarar como procesada a Cristina Fernández Kirchner, a principios de diciembre, antes de que asumiera el nuevo gobierno. Allí, ella sostuvo que la absolvería la historia.

Sin embargo, esta decisión demuestra que busca una absolución judicial.

Desde diciembre de 2015 y hasta 2019, la Oficina Anticorrupción participó en decenas de causas relevantes, incluso querellando a la empresa del primo del entonces ex Presidente Macri en una de las causas Odebrecht y también contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Siempre actuó con autonomía, profesionalismo y rigurosidad siguiendo los reglamentos.

La justicia además de ser independiente debe contar con las herramientas necesarias para investigar. Una pieza fundamental para este sistema es la Oficina Anticorrupción que debe trabajar para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia.

Es llamativo que, durante años como oposición, la Dr. Cristina Fernández de Kirchner y demásdirigentes políticos alineados en su espacio, exigíanla intervención de la Oficina Anticorrupción como garantía para el avance de las causas judiciales por corrupción. Hoy, con un claro lineamiento político por parte del titular del organismo, argumenta que“Nuestra misión principal no es ser querellante en los juicios. Que es la que tratamos de reservar. La pata judicial de la OA es redundante. Estamos racionalizando nuestra intervención, el Estado ya tiene muchos representantes en los juicios. Esto es una deformación que tiene muchos años, que comenzó a fines de 80 en donde el Estado empezó a superponer los roles del fiscal.

Y se encuentra que el Estado está representado por el fiscal y múltiples organismos. Y hay una defensa solitaria, que viola la igualdad de armas. No hay que contribuir más a la deformación de los procesos judiciales.

La decisión tomada por el Dr. Félix Pablo Crous, resulta impropia en un Estado de Derecho, pretendiendo alterar el proceso judicial en busca de garantizar la impunidad.

Sabido es que la Oficina Anticorrupción es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y que la Argentina, la retificó a través de la Ley 24.759, por la cual se comprometió allí a avanzar en la lucha para este tipo de prácticas por entender que “constituyen una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

Por último, cabe destacar que, según los procesamientos y pedidos deelevación a juicio de las causas Los Sauces y Hotesur, se investigó y quedó probado una asociación ilícita, integrada porNéstor Kirchner, Cristina E. Fernández, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Antonio, Martín A. Báez, Osvaldo Sanfelice, que canalizabanrecursos del Estado a través de diferentes empresas mediante maniobras de lavado de dinero.