Por Marcelo Romero, ex fiscal de La Plata y actual Subsecretario de Investigación Criminal del ministerio de Seguridad de la nación

 

La clase política argentina ha neutralizado el debate sobre la edad de punición desde hace décadas. 

Para eludir la discusión, se apeló a discursos demagógicos, alguno de ellos reducidos a frases fetiche como por ejemplo "Ningún pibe nace chorro". 

Cuando se trata de instalar el debate en cuestiones penales, se recurre a una batería de cuestiones como ser la educación, el trabajo, la inclusión social, la discriminación, la falta de oportunidades, el desencanto, etc.

Es decir, se podría discutir hasta el infinito, sin llegar a ninguna conclusión sobre el tema original.

Sin embargo, el Pueblo argentino -único destinatario de nuestros aciertos o desatinos como funcionarios- viene reclamando desde hace tiempo respuestas concretas ante el creciente numero de delitos cometidos por menores de edad.

Homicidios. Robos con armas. Lesiones graves o gravísimas, etc., se destacan en las crónicas policiales de cada día de nuestra existencia. 

El problema está ahí. Al alcance de la mano. Sin ninguna posibilidad de seguir ocultándolo.

 

¿Por qué modificar la ley?

Las leyes son palabras. Oraciones subordinadas. Proposiciones.

Su sanción y eventuales modificaciones no cambian la realidad por si solas. Son herramientas, instrumentos para integrar un sistema determinado.

Sin embargo, las normas que rigen la vida en comunidad estableciendo derechos y deberes, como asimismo la sanción correspondiente en caso de incumplimiento, deben adaptarse a la realidad y a la idiosincrasia del lugar de aplicación. Por eso es tan desaconsejable adoptar -sin previo análisis- normas legales de otras latitudes, con historia, costumbres e ideologías diferentes a las nuestras.

El Código Penal Argentino data del año 1921, aunque cuenta en su haber con múltiples reformas parciales.

Por un momento imaginemos la vida en la República Argentina en la década de 1920...

Imaginemos a los niñas y niñas de entonces. Sus costumbres, su educación, la información que recibían. 

Comparemos, manteniendo la imaginación, a aquellos niños y a los actuales. 

Comparemos, además, la vida cotidiana de aquella Argentina y la actual. Los índices delictivos de entonces. Las modalidades criminales, etc.

No es necesario ser un experto para darse cuenta que la legislación penal en materia de edad imputación merece, aunque sea, un profundo DEBATE.

Existe un proyecto del PE en el Congreso. No será el único. Sean bienvenidos todos los proyectos superadores. Sean bienvenidos los especialistas que puedan ilustrar a los legisladores sobre esta problemática. Sea bienvenida la discusión.

Lo único que no podemos permitirnos es seguir escondiendo el problema apelando al hashtag #NingúnPibeNaceChorro o similares.

Tenemos la posibilidad de dejar de ser una sociedad panfletaria.