Por: Martina Vivas

“Hace rato que ya no somos los intendentes del alumbrado, barrido y limpieza. Hoy generamos trabajo, salud, educación y nos hacemos cargo de todo aquellos que no se hacen cargo desde más arriba. Y, para colmo, ganamos elecciones” relataba un intendente del PJ de la Tercera sección electoral a fines de diciembre del 2021.

Claro, en aquellos días, a pesar de la pandemia, los jefes comunales aún les duraba el festejo de haberle birlado el gobierno al macrismo. Empero, ahora la realidad se plantea de otra manera y comienza la resistencia como en años anteriores.

Es cierto, desde 2015 a 2019 los intendentes peronistas lloraron penurias y hasta algunos, para que sus pares no los critiquen, formalizaban pactos a escondidas con la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Javier Milei avisó que “no hay plata” y por lo tanto la obra pública no existirá más. Serán los privados los que, si es que se firman convenios, los que desarrollen la infraestructura que hasta ahora hace el Estado.

Es sabido que en los municipios las obras troncales, las de gran magnitud, las que necesitan un financiamiento hasta externo, las realiza el gobierno nacional o el provincial. Por ejemplo la obra de la Cuenca del Río Salado.

En septiembre del 2021 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró renegociar las condiciones de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para finalizar las obras del Proyecto de Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado que lleva adelante la Subsecretaría de Recursos Hídricos. El acuerdo fue por un monto total de US$ 110 millones y ya se iniciaron los trabajos para licitar las tareas.

Estos trabajos de infraestructura beneficia a 59 municipios y abarca más de 640 kilómetros y 17 millones de hectáreas, con el objetivo de disminuir el riesgo de inundaciones y sequías, mejorar las condiciones para la producción y preservar el ambiente.  

Entonces, sin la finalización de esta monumental obra por parte de los Estados, es posible que los presagios vertidos por la Sociedad Rural allá por el 2015, puedan concretarse, que no eran nada más y nada menos que trágicas inundaciones.

A través de Vialidad Nacional, se intervinieron 20.146 km, entre los que se destacan 1.209 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 18.937 km de repavimentación y mejoras, con la colaboración de Corredores Viales S.A., que en estos más de 3 años y medio de gestión empleó 313.150 toneladas de asfalto e instaló 5.836 luminarias LED en las rutas que tiene bajo su concesión en 13 provincias del país (5.844 km divididos en 10 tramos).

En tanto, si Milei cumple con su postura, nuevas inversiones en mejoras o concreciones de trazas, quedaran nulas.

Asimismo, a partir de las obras ejecutadas por AySA y ENOHSA, entre 2019 y 2023, la cobertura nacional de agua potable pasó de 80,2% a 86,7%, y la de saneamiento, de 56,1% a 64,3%, lo que permite que 6,9 millones de personas se incorporen a estos servicios. Es imposible que las propias familias, como propuso Diana Mondino, financien sus cloacas o posos de agua.

Entonces, sin la obra pública, dinamizadora de la economía central hasta la barrial, dejará a gran parte de la sociedad fuera del sistema. Y los jefes comunales volverán a ser los encargados del alumbrado, barrido y limpieza. El famoso ABL.

“Ya nos pasó en 2015 hasta 2019, donde solo inaugurábamos una calesita, comprábamos una motoguadaña o inaugurábamos algunas luces Led” confió a PROVINCIA NOTICIAS un intendente peronista

Lo paradójico es que en la gestión de María Eugenia Vidal hubo intendentes que sí se beneficiaron con la escasa obra pública que se distribuyó, pero ahora no habrá nadie quién la reciba según las palabras del propio presidente electo.

Así las cosas, los intendentes, sin obra pública, retroceden 40 años y vuelven a ser los reyes del ABL.