La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires manifiestó su preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.  

A través de la dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, el ente provincial participa de manera activa como querellante en las causas en las que imputados y condenados fueron beneficiados. En ese rol acusatorio realiza un seguimiento de los expedientes y un control jurídico de los mismos, y en esa función exige rigurosidad al Poder Judicial Federal a la hora de otorgar esos beneficios así como de hacerlos cumplir. 

En esa línea, advirtieron en la Subsecretaría que “los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad”.

La actual seguidilla de decisiones judiciales que revirtieron decisiones tomadas por otras instancias judiciales, beneficiaron a genocidas condenados e imputados en causas en las que la Subsecretaría de Derechos Humanos es querellante, “por lo que se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados para analizar cada caso e intentar evitar decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial”, cerraron.