Luego de que el Senado de la provincia de Buenos Aires transformara en ley el proyecto que otorga mayor participación y asistencia a las víctimas del delito en todo el proceso judicial, el vicepresidente de la comisión de Legislación General, Leandro Blanco, sostuvo que “hoy las víctimas pueden alzar su voz”. 

En cuanto al trabajo realizado, el senador indicó: “Estamos muy contentos por el gran trabajo que se realizó en las comisiones, con los bloques, las asociaciones, víctimas y familiares que desembocó en la aprobación de esta ley que es un paso más en favor de la ampliación de los derechos. Felizmente las voces de las víctimas serán oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal”.

La ley garantizará y asegurará a las víctimas el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo. 

Entre sus objetivos está establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento integral y efectivo.

La víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión ante todo lo que estime conveniente ante el/la juez/a de ejecución o juez/a competente, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado. Además, gozará del derecho a la información desde la denuncia y/o en el primer momento de su intervención en el proceso, lo que le permitirá conocer sus derechos, tomar decisiones en base a la información aportada y tener una visión global e integral de su participación durante la tramitación del procedimiento.

Por otra parte, la ley crea el Observatorio de Víctimas de Delitos -que ya existe a nivel nacional- “dentro del ámbito la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. Se trata de un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito.

Este estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las víctimas, y por representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, El Senado y Cámara de Diputados.