Marcelo Pacífico - Abogado UBA - Profesor Ordinario de Derecho Constitucional UCA - Ex Senador PBA

Hace más de medio siglo el maestro del Derecho Constitucional Argentino, Juan Gonzalez Calderón, sostenía que “la inamovilidad de los jueces es una de las conquistas más notables de los pueblos libres. Es la única garantía verdadera de la independencia de los magistrados judiciales en el desempeño de sus cargos”. 

La inamovilidad implica que los jueces conservan sus empleos mientras dure su buena conducta, y también resguarda la “sede” y el “grado”. Un juez inamovible no puede ser trasladado ni cambiado de instancia sin su consentimiento, aunque signifique un ascenso. 

La estabilidad suele verse como un privilegio de los jueces pero en realidad es un resguardo que les permite alejarse de presiones políticas partidarias y de los factores de poder políticos, económicos o sociales. 

Los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli fueron desplazados de sus cargos por el Ejecutivo y el Senado mientras investigaban sensibles causas de corrupción; no se trató de un proceso disciplinario vinculado con mal desempeño. Todo indica que el poder político procura reemplazarlos con magistrados de mayor afinidad con el oficialismo o - lo que es lo mismo- menor imparcialidad e independencia. 

En un contexto de tanta incertidumbre sanitaria, económica y social todo conflicto se agudiza más; y al estar en juego la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y del Legislativo, la palabra final la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de nuestra Constitución Nacional. 

No hay República sin Justicia independiente.