La senadora provincial de Unión por la Patria, Mónica Macha, presentó un proyecto de preocupación por el total incumplimiento, por parte del Gobierno Nacional, de las disposiciones y políticas públicas establecidas por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

El Gobierno nacional enviará una nueva Ley de Salud Mental al Congreso. Así lo confirmó el ministro de Salud, Mario Lugones, a través de la red social “X”, tras un posteo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La modificación de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno tiene dos ejes centrales: la construcción de una supuesta imposibilidad de realizar internaciones involuntarias y la habilitación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, tanto públicas como privadas.

Al respecto, la senadora sostuvo: “Hacen eje en que no se puede internar a las personas de manera involuntaria, y eso es una mentira. La ley actual prevé las internaciones involuntarias cuando hay riesgo inminente para sí o para terceros. De hecho, más del 90% de las internaciones en nuestro país son involuntarias”.

Y agregó: “La apertura de hospitales monovalentes va a contramano de las reformas más democráticas en salud mental y significa un retroceso. Vuelve la idea de la segregación, en lugar de la inclusión, la vida en comunidad y la construcción de lazos solidarios. Además, abre la puerta a los monovalentes privados, que son un gran negocio”.

En este contexto, la senadora provincial de Unión por la Patria, Mónica Macha, presentó un proyecto de preocupación por el total incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de las disposiciones y políticas públicas establecidas por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, instándolo a arbitrar los medios necesarios para asignar el presupuesto correspondiente a las áreas incumbentes, a fin de garantizar las acciones y prestaciones imprescindibles para el abordaje y la promoción de una temática tan relevante para la comunidad.

“La Ley de Salud Mental fue una ley construida con distintos espacios, una ley participativa, que tiene como eje central el paradigma de los derechos humanos. Reconoce los derechos de las personas con padecimiento mental, teniendo en cuenta que antes de su sanción había personas internadas durante décadas, cuando en realidad esas situaciones respondían muchas veces a problemáticas sociales más que a padecimientos mentales”, afirmó Macha.

En ese sentido, Macha sostuvo: “El punto central es el desfinanciamiento de las políticas de salud mental. Si el Estado no garantiza el acceso a la medicación ni la presencia de profesionales en los distintos espacios, las crisis no se pueden contener. Sin inversión y sin más trabajadores y trabajadoras, no hay política de salud mental posible. Y este Gobierno hace exactamente lo contrario: desfinancia y despide profesionales”.

“Estamos habitando un contexto muy grave, porque los padecimientos en salud mental están en expansión. La situación económica, el pluriempleo y la incertidumbre sobre cómo sostener la vida en términos básicos —la alimentación, la vivienda, la educación de los chicos y las chicas— generan sobrecarga, fragmentación y angustia en las familias. El ajuste económico y social que está ejecutando Milei exacerba estos padecimientos”, sostuvo Macha, y agregó: “La provincia de Buenos Aires, a pesar del desfinanciamiento, está haciendo un esfuerzo enorme para sostener las políticas públicas en salud mental”.

Finalmente, la senadora afirmó: “Una sociedad democrática también implica una democracia vinculada a la salud mental. Por eso es fundamental fortalecer los equipos comunitarios e interdisciplinarios y promover una concepción distinta del padecimiento mental”. Y agregó: “Es clave que se cumpla el 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental, tal como lo indica la ley”.

Y concluyó: “Si queremos construir proyectos de vidas más dignos y humanos, la salud mental y los cuidados tienen que estar en el centro de la agenda política”.