La secretaria de Organización de UATRE, Natalia Sánchez Jauregui, se refirió a la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en el marco de una presentación de la CGT, y advirtió sobre su impacto en las condiciones de trabajo y la organización sindical.

A partir de una presentación realizada por la CGT, la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de más de 80 artículos centrales de la reforma laboral, poniendo un freno a una avanzada que modificaba aspectos estructurales del sistema laboral argentino.

La intervención de la central obrera resultó clave para llevar a la Justicia el reclamo en defensa de los derechos laborales, frente a una reforma que avanzaba sobre la organización del trabajo, el sistema salarial, la negociación colectiva y la actividad sindical.

Entre los puntos suspendidos se encuentran cambios en la organización del trabajo, como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones; modificaciones en el concepto de remuneración; la posibilidad de reemplazar la indemnización por sistemas alternativos; y una serie de artículos que limitaban la actividad sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva.

En este contexto, la secretaria de Organización de UATRE,  e integrante del Consejo directivo de la CGT, Natalia Sánchez Jauregui, valoró la decisión judicial y destacó el rol del movimiento obrero organizado:

“La CGT cumplió un rol fundamental al llevar este reclamo a la Justicia. Esta cautelar demuestra que la organización del movimiento obrero sigue siendo una herramienta clave para frenar el avance sobre los derechos de las y los trabajadores”, afirmó.

Asimismo, puso el foco en el impacto que la reforma tendría en el sector rural: “Para el trabajo rural esta reforma es especialmente grave, ya que busca profundizar la precarización, debilitar los convenios colectivos y dejar a miles de trabajadores y trabajadoras en una situación de mayor vulnerabilidad frente al poder económico”, señaló.

Y agregó: “En nuestro sector, donde muchas veces las condiciones ya son difíciles, avanzar con este tipo de medidas implicaba retroceder décadas en derechos laborales”.

Por último, la dirigente gremial sostuvo: “Vamos a seguir defendiendo cada derecho conquistado. Porque cuando se ataca al trabajo, se ataca también a las economías regionales y a las comunidades del interior”.

La medida judicial establece que los artículos suspendidos no podrán aplicarse hasta que exista una sentencia definitiva sobre su validez constitucional, manteniéndose vigente el esquema laboral actual mientras avanza el proceso.