Desde el Bloque del PRO conformaron un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

Consideraron en el espacio “amarillo” que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva.

Es importante señalar que la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos. En ese sentido, entienden que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino.

“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función” dijeron desde el PRO.

Uno de los puntos que destacaron como claramente positivo es la integración y unificación de bases de datos estatales. Y agregaron: “Esta modernización era una deuda histórica: Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional”.

Asimismo, recordaron que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente limitado y regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes, que establecen de forma taxativa sus usos permitidos. Por ello, no advirtieron riesgos legales en la integración de información, siempre que se aplique dentro del marco normativo existente.

También señalaron desde el PRO que “la Ley 25.520 fue sancionada en el año 2001. Han pasado 25 años desde su promulgación, y el mundo —junto con sus amenazas y desafíos— ha cambiado de forma radical”. Y agregaron: “La Argentina no es ajena a esa transformación, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional”.

Para finalizar, destacaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley, con controles democráticos sólidos y al servicio exclusivo de la seguridad de los argentinos”.