Por: Martina Vivas

No es novedad que la mayoría de las causas de corrupción en la Argentina se traducen en las promesas de obra pública. Innumerables proyectos con sus financiamientos quedaron en el camino nebuloso que más tarde no tienen explicaciones.

El que sucede en la ciudad de Luján sería uno de los casos, en donde la obra pública de la mano del Estado estaría incurriendo en negociados y desastre ambiental.

Se trata de la planta nueva de tratamientos cloacales para toda la ciudad de Luján y la localidad de Open Door. A comienzos del año 2023, y tras la aprobación de la Legislatura bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof, cedió al municipio de Luján 18 hectáreas que pertenecían a la colonia Domingo Cabred, predio en el que se iban a hacer en 5 hectáreas una planta depuradora y en las otras 13 hectáreas un desarrollo urbanístico de lotes con servicios para los lujanenses.

Los vecinos de Luján señalan que el propio jefe comunal habría dado el permiso de retirar parte de la tierra fértil, apta para los trabajos de la construcción del predio Cabred para, supuestamente, vendérsela a una reconocida fábrica de ladrillos. Claro, la pregunta que quedaba en el aire era cómo rellenar el dominio vaciado, y ni lerdo ni perezoso, Boto, sostienen, habría utilizado tierra que sobraba del ensanche del río Luján.

Boto, allá por el 2023, señalaba que “para el proyecto técnico hubo una licitación, una empresa ganadora, hubo 16 meses de trabajo y hubo una inversión de 18 millones de pesos para diseñar la nueva planta”. Pero nada sucedió y todo está ahí, como estuvo siempre.

Como se dijo, los vecinos buscan saber en qué se gastó el dinero que estaba destinado a la monumental obra, y que responsabilidades tienen el gobernador Axel Kicillof y su ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

Es preciso remarcar que el ministerio de Ambiente de la Provincia es el responsable de la disposición final de la tierra de la obra del río Luján, y la comuna sigue arrojando los efluentes cloacales sin tratamiento directamente al mismísimo río generando un daño ambiental en toda la cuenca Lujanera y adyacencias.

Además, denuncian que el predio destinado para viviendas habría quedado arruinado por este movimiento ilegal de tierras.

Así las cosas, la obra pública se anuncia, se licita y después se ejecuta, pero en este caso, se habrían cumplido solamente los primeros dos pasos. ¿Qué pasó con el tercero?