Por: Claudio Gómez

La "industria del juicio" es un término polémico y ampliamente debatido en Argentina pero no por eso impracticable con desenlaces catastróficos.

En los últimos días volvió a escena política y judicial el caso de la empresa textil Naranja Mandarina (NM) y su padecimiento y su posible quiebre. La historia se remonta al año 2021, cuando la empresa y una persona entablan una relación netamente comercial, es decir, NM proveía la indumentaria, la persona comercializaba.

Empero, desde la Textil confiaron a este portal que en 2021 la relación comercial que se terminó, no solo por numerosas desavenencias en los criterios de comercialización, sino por acciones de mala fe por parte de esta persona hacia la empresa. A partir de esto se generó un conflicto, este señor se consideró despedido, planteó ante la justicia laboral que era empleado de NM Ropa en Colores y le inició una demanda a la SRL y también a Mariana Cademartori, propietaria del 80% de la empresa, solicitando que se le abonen presuntos sueldos adeudados, vacaciones y aportes.

Confiaron a PROVINCIA NOTICIAS desde la empresa textil que “por supuesto que no había una relación laboral, sino comercial, ya que esta persona no era empleado, sino distribuidor. En el proceso se dejaron pruebas documentales que mostraban que él compraba la mercadería para venderla”.

Lo cierto es que se llevó adelante el juicio y en junio de 2025 el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial Junín dictó una sentencia que exime de cualquier responsabilidad a Mariana, pero condena a la SRL al pago de $14.041.707. “Para nosotros no solo fue un mazazo el hecho de haber recibido una sentencia condenatoria por alguien que claramente no era un empleado, sino que lo que fue absolutamente doloroso y desesperante es el monto absurdo y totalmente desproporcionado por el que se nos condenó” dijo Sebastián Martino, socio minoritario de NM.

El pedido de reconocimiento en la justicia era de 14 millones de pesos, pero al momento actualizar los montos de la sentencia, los jueces del Tribunal de Trabajo de Junín tomaron como base el llamado “fallo Barrios”, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar o actualizar deudas monetarias, estableciendo nuevos criterios para la actualización de deudas en casos de inflación.

Se trata de un fallo muy controversial, que fue dictado para el caso de un accidente de tránsito, pero que la Justicia Laboral aplica con un criterio que está llevando a las pymes al borde de la quiebra. Volviendo al caso de Naranja Mandarina, invocando el fallo “Barrios”, lo que era poco más de catorce millones de pesos, terminó en una suma final de $190.132.818.

“Al momento del dictado de la sentencia, ese monto representaba unos 150.000 dólares. Es decir que la ¿justicia? nos impuso una condena que asciende al valor de un departamento” advirtió Martino. En el caso de esta persona contra NM Ropa en Colores SRL la audiencia de vista de causa se celebró el 28 de noviembre de 2023, el fallo barrios se dictó el 17 de abril de 2024 (casi 5 meses después de la vista de causa, audiencia que clausura la etapa probatoria y llama a autos para sentencia) y la parte actora presentó el planteo de que se aplicara “Barrios” el 22 de abril de 2024, es decir, una vez terminadas todas las etapas procesales.

En el RIL el abogado de la empresa señaló: “...en forma inaudita e inadmisible, el Tribunal –o mejor dicho el Juez que se considera un emperador que no debe respetar reglas y límites legales- sacó el expediente del estado en que se encontraba para dictar sentencia, disponiendo la suspensión del llamado de autos para resolver y ordenó correr traslado del extemporáneo pedido, cuando ya esta parte demandada sólo podía formular una oposición de derecho, no podía ofrecer prueba alguna, y fue obligada a expedirse sobre un planteo sorpresivo, alterando las reglas del proceso y violando el derecho de defensa en juicio”.

Así fue como, una sentencia que originalmente era de $14.041.707, terminó siendo una de $190.132.818. Por supuesto, desde NM apelaron a la Suprema Corte de Justicia bonaerense solicitando que acepten tratar el caso sin depositar el dinero de la sentencia, porque claramente no lo tenemos. Mientras corría el plazo que el propio Tribunal otorgó a la Textil para presentar la pericia contable que acredita la imposibilidad de dejar el dinero en una cuenta judicial para apelar la sentencia, el Tribunal dictó una medida cautelar embargando las dos cuentas de la firma (las del Banco Nación y del Banco Provincia) por la suma estrafalaria de $330.455.809,28.

“Esto nos trae innumerables consecuencias al momento de seguir con el giro corriente de la empresa y más aún, considerando que todo lo que se comercializa es fabricado por nosotros. No podemos planificar ni comprar insumos para la nueva temporada, no llegamos a cubrir nuestras obligaciones tributarias, dejamos de dar trabajo a muchos colaboradores externos, y nos cuesta sostener a nuestros colaboradores de siempre, lo que nos pone en un riesgo cierto y concreto de quebrar” dijo Sebastián Martino.

Y finalizó: “La situación es realmente desesperante. Es la Justicia la que no nos deja trabajar y operar con una mediana normalidad, en tiempos que ya de por sí no son fáciles para la industria textil”.