Opinión | Natalia Sánchez Jauregui
Día Mundial contra la Trata de Personas

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y cada año, lamentablemente, hay más motivos para levantar la voz. Hoy, en plena crisis social y económica, mientras miles de personas son empujadas a situaciones de extrema vulnerabilidad, el Estado nacional ha decidido mirar para otro lado. Peor aún: ha desarmado los principales mecanismos institucionales que tenía para prevenir, perseguir y asistir a las víctimas de este delito aberrante.

La trata de personas no es un crimen del pasado. Es una forma moderna de esclavitud que persiste con nuevas máscaras: en el trabajo rural esclavo, en la explotación sexual, en talleres clandestinos, en redes digitales que captan adolescentes por redes sociales. Hoy, el campo argentino —tan invisibilizado como esencial— sigue siendo escenario de estos abusos. Mujeres, varones, familias enteras reducidas a la servidumbre en galpones sin luz, sin baño, sin agua. Jornadas laborales de sol a sol, sin salario ni derechos.

Como dirigente política gremial, del sector rural, no puedo callar ante esta realidad. Porque quienes trabajan la tierra, crían animales o cosechan no pueden seguir siendo víctimas silenciosas de un sistema de impunidad. Y porque, como país, no podemos permitir que el abandono estatal habilite estas formas de violencia extrema.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional tomó decisiones que desmantelaron las políticas públicas contra la trata: eliminó programas de asistencia, redujo el funcionamiento del Comité Ejecutivo creado por ley, vació de recursos a los refugios, y suspendió campañas de prevención. A eso se suma la eliminación del Fondo Fiduciario que destinaba bienes decomisados a la reparación de las víctimas. Hoy, no hay un plan nacional vigente. No hay coordinación federal. No hay línea clara de acción.

Mientras las redes criminales se organizan y sofistican —migrando al mundo digital, articulándose con el narcotráfico, captando víctimas desde las redes sociales— el Estado retrocede. En lo que va del año, miles de denuncias no encontraron respuesta. Y cientos de víctimas rescatadas quedaron abandonadas por un sistema que ya no ofrece ni una cama, ni un plato de comida, ni una salida laboral.

En el sector rural, esta situación se agrava. Porque el aislamiento, la falta de controles y la informalidad hacen más difícil detectar y denunciar estos delitos. Por eso es urgente que se reactive la articulación con los organismos territoriales, con las delegaciones laborales, con los sindicatos, con las organizaciones que están en el territorio. Porque allí, en los campos del interior profundo, también se libra esta batalla.

Desde UATRE, bajo la conducción de José Voytenco, seguimos dando pelea. Con presencia real en el territorio, recorridas, fiscalizaciones y acompañamiento a cada trabajador, estamos comprometidos con erradicar el trabajo informal, el trabajo esclavo y toda forma de explotación en el ámbito rural. Porque no hay derechos si no hay control, y no hay justicia sin organización.

La trata no se combate con motosierra. No se combate destruyendo el Estado. Se combate con políticas públicas, con presencia real, con decisión política. Se combate reconociendo que detrás de cada víctima hay una historia, una familia, una vida que merece ser vivida con dignidad y libertad.

Hoy, más que nunca, necesitamos volver a poner en pie al Estado en su rol más noble: proteger a los más vulnerables. Y eso incluye a cada trabajadora y trabajador del campo que, en silencio, sigue esperando justicia.