Una empleada municipal denunció haber sido drogada con opiáceos por el secretario legal de Morón y hombre de confianza de la administración de Lucas Ghi. Tras el archivo inicial de 2021, la reapertura del caso enfrenta obstáculos que podrían derivar en impunidad total.

Según comentó el Diario El Argentino, Daiana González perdió la conciencia durante cuatro horas y media el 30 de agosto de 2021. Los análisis médicos confirmaron que había sido drogada con opiáceos tras un encuentro con Hernán Sabbatella, secretario legal y técnico del Municipio de Morón y hermano del dirigente político Martín Sabbatella. La causa, archivada inicialmente por «falta de pruebas», fue reabierta este año pero enfrenta serios obstáculos que alertan sobre un posible escenario de impunidad.

«Me invitó a merendar cerca de mi casa para saludarme por mi cumpleaños, pero terminamos en un bar de Vicente López tomando cerveza», reconstruyó González en diálogo con un medio local. La empleada de la Secretaría de Salud municipal recordó que Sabbatella la contactó por redes sociales un día después de su cumpleaños y la citó en Ramos Mejía con el pretexto de hacer trámites relacionados con su hijo.

Cuatro horas perdidas en la inconsciencia

El encuentro derivó en una salida al bar Tiempos Modernos en Vicente López. «Hasta ahí llega mi memoria, después perdí el conocimiento», aseguró la denunciante. Su próximo recuerdo fue en la guardia del hospital de Vicente López, donde la llevaron trabajadores de delivery que la encontraron tirada en la vereda, desorientada y pidiendo ayuda.

Los estudios médicos posteriores confirmaron la presencia de opiáceos en su organismo. «Las muestras de orina se mandaron al hospital Posadas y confirmaron que yo había sido drogada con opiáceos», explicó González. Sin embargo, las muestras de sangre del hospital de Morón fueron «descartadas supuestamente porque yo lo pedí», algo que la víctima niega categóricamente: «Yo no podía ni hablar, así que eso es imposible».

Una investigación plagada de irregularidades

El abogado de González, Javier Baños, denunció serias falencias en la investigación inicial. «La fiscal no llamó a declarar a la víctima para escuchar su versión», señaló a este medio. Además, destacó que «se aportaron como prueba audios del director del hospital de Morón donde menciona que descartaron muestras de sangre sin motivos, y aun así la Justicia no lo citó para que declare».

La Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas del Distrito Vicente López archivó la causa en noviembre de 2021 por considerar que «no había pruebas suficientes». Sin embargo, el letrado insistió en que «sí existían pruebas para profundizar la instrucción y tomar nuevas medidas».

Una segunda muestra de sangre tomada en el hospital de Moreno también se perdió por «errores administrativos», según consta en el expediente. «Siempre pasaba algo», relató González, quien finalmente «se dejó convencer por Hernán en retirar la denuncia contra él».

El riesgo de impunidad total

La causa fue reabierta este año tras el ascenso de Sabbatella, que se convertiría temporalmente en jefe de González. Sin embargo, el funcionario permanece en su cargo pese a que el partido Nuevo Encuentro resolvió su expulsión en abril tras una investigación interna.

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el expediente aguarda resolución en el Departamento Judicial de San Isidro, pero enfrenta los mismos obstáculos probatorios que motivaron su archivo inicial. «Del propio dictamen del fiscal superior se desprende que el archivo podría variar en caso de manejarse nuevas probanzas», precisó Baños, aunque reconoció la dificultad de obtener nueva evidencia tras más de tres años.

El abogado atribuyó las falencias investigativas a la saturación del sistema de justicia bonaerense. «En la Provincia de Buenos Aires se denuncian más de un millón de delitos por año. Solo durante 2024, la Procuración General informó 19.927 investigaciones por delitos contra la integridad sexual», explicó, señalando que «es un caudal que puede desbordar cualquier actividad jurisdiccional».

Baños también cuestionó la falta de perspectiva de género en el caso: «Considero que el archivo es prematuro desde que no se habían agotado las diligencias de investigación ni las ordenadas por la fiscalía de drogas».

Presiones institucionales y revictimización

González denunció que tras acercarse a la secretaria municipal de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, Laura De Peri, en junio pasado, sufrió represalias laborales. «Desplazaron a mi psicóloga de cabecera y a la trabajadora social que me ayudaban en este proceso y no renovaron mi licencia como lo hacían regularmente», relató.

La joven está bajo licencia laboral respaldada por el Centro Vivir Sin Violencia del municipio, pero teme perder su trabajo. «Lo último que quiero es trabajar con él de superior», alertó.

La defensa del funcionario

Sabbatella atribuye el resurgimiento del caso a «una interna política local» y cuestiona: «¿Por qué no me expulsaron en 2021 cuando empezó la denuncia?». El funcionario asegura que «nunca trabajó conmigo ni le di un cargo en el Estado» y que «la relación jerárquica fue puntual y breve».

Sin embargo, su hermano Martín Sabbatella lo contradijo públicamente: «Hernán quiere mezclar las cosas para protegerse y enchastrar la situación para desacreditar la denuncia y desautorizar la palabra de la víctima».

Las secuelas de la impunidad

González describió las consecuencias que le dejaron los hechos: «Llegué a estar muy mal, con tratamientos terapéuticos y psiquiátricos. Perdí el foco de mis anhelos vocacionales, tuve que cambiar de trabajo. El vacío de no saber qué hicieron conmigo me hace ruido hasta el día de hoy».

La denunciante explicó por qué retomó el caso: «Pasaron los años, ahora soy otra persona, tengo más voz, más fuerza y estoy más acompañada. No puede quedar impune».

El caso evidencia las dificultades estructurales del sistema judicial para investigar delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Con pruebas perdidas, muestras descartadas y una investigación inicial deficiente, el riesgo de impunidad total se cierne sobre una causa que podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de los servidores públicos ante denuncias de esta gravedad.