Por: Juan Cruz Sanz

El audio que destapó una operación coordinada desde el poder

El escándalo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) tomó una nueva dimensión tras la filtración de audios comprometedores que revelan una coordinación directa entre funcionarios del gobierno nacional para presionar a clubes argentinos a transformarse en sociedades comerciales.

La investigación judicial, que recayó en el Juzgado Federal N° 6 a cargo del juez Daniel Rafecas, pone bajo la lupa las acciones de tres figuras clave del gobierno de Javier Milei: la diputada nacional Juliana Santillán (La Libertad Avanza), el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo.

 La estrategia del "caso testigo"

Los audios revelados por Doble Amarilla exponen con claridad la estrategia gubernamental: necesitaban que al menos un club pidiera formalmente convertirse en SAD para tener un "caso testigo" que habilitara la implementación masiva de este modelo en el fútbol argentino.

En las grabaciones, Santillán le dice a Juan Cruz Sanz dirigente del Club Social y Deportivo Bancruz de Río Gallegos: "El presidente (Javier Milei) necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando". La diputada no dudó en asegurar que tenía "todo arreglado" con Cúneo Libarona y con la IGJ para agilizar cualquier trámite.

Un plan que involucra a las más altas esferas

La gravedad del caso radica en que muestra una coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y organismos de control para influir sobre entidades privadas. Santillán admitió en los audios estar "alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo", evidenciando que la presión sobre los clubes no era una iniciativa aislada sino parte de una política de Estado.

El plan inicial contemplaba usar al Arsenal FC, pero según la diputada, "como son la vieja escuela de Grondona, tienen un poco más de cuidado, miedo". Por eso recurrieron al club patagónico, donde esperaban encontrar menos resistencia.

Las implicancias legales

La denuncia presentada por el diputado Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) tipifica los hechos como "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", delitos contemplados en el artículo 248 del Código Penal.

El caso cobra especial relevancia porque demuestra cómo funcionarios públicos utilizaron su posición para intentar beneficiar intereses particulares, prometiendo agilizar trámites administrativos a cambio de que una institución deportiva aceptara un cambio en su estructura legal

Un club con historia en el centro de la polémica

El Club Social y Deportivo Bancruz no es una institución cualquiera. Fundado en 1963 en Río Gallegos, tiene una rica historia deportiva y fue donde en su juventud jugó al básquet Néstor Kirchner. Juan Cruz Sanz, quien asumió la dirigencia del club en octubre de 2023, fue quien decidió hacer públicos los audios que le enviaba insistentemente la diputada Santillán.

El fracaso de una estrategia polémica

La filtración de estos audios no solo expuso el entramado de presiones gubernamentales, sino que también marcó el fracaso de una estrategia que el gobierno consideraba clave para su agenda deportiva. La necesidad de conseguir un "caso testigo" evidencia que los clubes argentinos se resistieron masivamente a la propuesta de las SAD.

El escándalo pone en evidencia los métodos utilizados por el gobierno para impulsar una política que no encontraba adhesión voluntaria en las instituciones deportivas del país, recurriendo a la presión directa desde los más altos niveles del Estado.

La investigación judicial determinará si estas acciones constituyen delitos contra la administración pública, pero el daño político ya está hecho: la estrategia de las SAD quedó expuesta como una imposición desde el poder antes que como una opción libre para los clubes argentinos.