Por: Claudio Gómez

A raíz del robo que sufrió un policía bonaerense el domingo pasado en la ciudad de General Rodríguez, donde un delincuente terminó muerto, el gobierno de Javier Mieli cargó contra jueces y fiscales por la detención inmediata del uniformado.

Si bien el efectivo que abatió al ladrón horas más tarde quedó en libertad, el Ejecutivo nacional disparó contra parte de la justicia y le achacó que firman resoluciones inmediatas por temor a represalias de organismos de derechos humanos.

En ese marco, explican desde el gobierno de Milei que las causas que se inician cuando el personal policial actúa en cumplimiento del deber, en legítima defensa propia o de terceros, los fiscales optan muchas veces por la detención para evitar denuncias y sumarios y juicios políticos.

En algunas oportunidades, es cierto, más tarde los uniformados terminan sobreseídos, pero transitan parte de sus días encarcelados hasta que el caso sale de la agenda mediática. Y el gobierno considera que ese momento es inadmisible y señalan que esas actitudes de jueces y fiscales se sustentan en el terror que tienen por una posible denuncia de juicio político o sumarios.

Explicaron además desde la administración nacional que el miedo fundamentalmente es de las Cortes Provinciales y las Procuraciones Generales, que se dejan avasallar por estas organizaciones de DDHH, que se tomarían atribuciones que no le corresponderían, porque la superintendencia y la potestad sancionatoria, no de las denuncias, sino de sumarios administrativos, corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público, Corte y Procuración.

Sin embargo, sostienen que en reiteradas oportunidades se observa, por ejemplo, al CELS, la Correpi, la Comisión de la Memoria, entrometiéndose en la actuación administrativa del fiscal o del juez. Por eso, creen en el gobierno de Javier Mieli, que los fiscales prefieren dejar preso al policía y que lo libere el juez, y el juez dejarlo preso y que lo libere la Cámara.

Marcelo Romero, ex fiscal de instrucción de La Plata y Subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la nación, apuntó que “las oficinas disciplinarias y de superintendencia de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Procuraciones Generales y de los Consejos de la Magistratura, deberían perder el terror reverencial a los organismos de DDHH que denuncian permanentemente a jueces y fiscales”.

Y agregó: “Cuando existe personal policial investigado, desfilan por las mesas de entrada de juzgados y fiscalías los abogados de estas organizaciones, erigiéndose en contralores de los magistrados, ante la irritante pasividad de las jefaturas del Poder Judicial y del Ministerio Público”.