Por: Martina Vivas

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció una serie de reformas que planea llevar adelante en 2025 en materia de Seguridad. Entre las leyes que deberán pasar por el Congreso, se destaca la que apunta a la baja de la edad de imputabilidad, una discusión a la que el Gobierno le dio especial importancia desde su primer día de gestión.

De hecho, la iniciativa, que apunta a establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal, ya ingresó al Parlamento nacional en julio de este año.

En la Provincia, en contraposición, la diputada kicillofista Lucía Iañez presentó un proyecto de ley que establece la perspectiva de género y criterios garantistas para la ejecución de penas que son cometidas por delincuentes menores de edad.

La normativa aplica para regular los casos de aquellas personas que cometieron delitos siendo menores de edad y deben cumplir su condena una vez alcanzada la mayoría.

En teoría, el objetivo es regular la ejecución de aquellas condenas a jóvenes ocurridos antes de alcanzar la mayoría de edad. También tiene por finalidad que los jóvenes realicen un proceso de comprensión y de responsabilidad  de sus actos que les permita participar en su propio progreso personal con el objetivo de lograr su integración socio comunitaria. Todas las penas y las medidas aplicadas deberán tener el carácter de Socio-Educativas.

Y podrán exceptuarse de ser trasladadas aquellas personas que sean pasibles de adquirir alguno de los tipos de libertades establecidas en las leyes de ejecución, en un lapso de tiempo inferior a tres años, o aquellas personas cuyas condenas sean inferiores a 5 años y al cumplir 21 años hayan cumplido al menos un tercio de la condena.

El proyecto fue discutido en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Niñez, Adolescencia y Familia, donde se le realizaron modificaciones que permitieron juntar las firmas para obtener despacho de mayoría. Sin embargo, las menciones de rechazo firmadas por el PRO y LLA podrían hacer peligrar la aprobación de la polémica iniciativa. 

Según sus detractores el proyecto “está impregnado de una ideología abolicionista que ha demostrado su ineficiencia en contextos nacionales e internacionales. Esta postura intenta justificar la impunidad bajo la falsa sensibilidad hacia los autores de delitos, ignorando las necesidades de las víctimas y la sociedad en su conjunto”, escribieron en su dictamen, quienes aconsejan el rechazo.