sábado 04 de abril de 2020 - Edición Nº486

Actualidad PN | 23 mar 2020

Coronavirus

Judiciales denuncian que están desprotegidos y falta de higiene e insumos en dependencias

La AJB considera que las medidas dispuestas por las autoridades del Poder Judicial son inadecuadas e insuficientes para garantizar la protección de la salud de sus integrantes y de toda la sociedad. Se reclama diálogo para consensuar acciones eficaces.


La Suprema Corte y la Procuración General tienen la responsabilidad de instrumentar las medidas necesarias para garantizar el cuidado de las y los trabajadores judiciales y, aunando esfuerzos en materia de salud pública con el resto de las instituciones estatales, ordenar de manera clara y precisa el aislamiento social de todo el personal del Poder Judicial que no sea imprescindible para la atención de cuestiones de máxima urgencia, valoradas en un contexto de emergencia sanitaria nacional.

Cabe recordar que luego de la suspensión del dictado de clases en todo el país, el pasado 16 de marzo la Suprema Corte, en coordinación con la Procuración General, dictó la Resolución 386/20 por la que dispuso el asueto con suspensión de términos entre el 16 y el 31 de marzo, período durante el cual estableció la “prestación mínima del servicio de justicia, que se limitará a la atención de los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación”. 

Sin embargo, la vaguedad de los términos utilizados en esa resolución generó que los criterios para determinar qué trámites judiciales resultaban de urgente atención y cuáles las dotaciones de personal necesarias para su despacho fueran definidos en forma atomizada por autoridades intermedias, sin un criterio unificador.

En los hechos, una parte importante -y en muchos casos innecesaria- del personal del Poder Judicial fue convocada a prestar tareas, tanto en el ámbito de Administración de Justicia como del Ministerio Público, contraviniéndose las recomendaciones de aislamiento social dispuestas por las autoridades sanitarias. La oportuna intervención de la AJB durante el transcurso de esa semana permitió ir mitigando esta situación.
 

Pero poco o nada cambió en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires luego del dictado del Decreto 297/20. El viernes 20 la Suprema Corte se limitó a dictar una resolución de Presidencia que, luego de realizar algunas modificaciones menores –modo de inicio de las causas, decisiones en órganos colegiados y reducción del horario de atención al público-, ratificó el esquema de funcionamiento judicial dispuesto por la Resolución 386/20 y sus complementarias. Además, vuelve a delegar en las y los magistrados y otros titulares de dependencia la facultad de convocar a “las personas que estime necesarias e imprescindibles para la prestación del servicio”.

Algo similar ocurre en el ámbito del Ministerio Público con la delegación –algo más acotada- a Fiscales Generales, Defensores Generales y otros funcionarios para elaborar planes de contingencia y determinar el personal “en turno” necesario (Res. PG 181/20).

Entendemos que en ese ámbito es necesario abordar la situación de falta de insumos de limpieza e higiene personal detectado en ciertas dependencias, así como dar respuesta a aquellas personas que han quedado desprotegidas por las disposiciones dictadas hasta el momento, tales como quienes tienen personas de riesgo en su núcleo conviviente, quienes tienen hijos e hijas en edad escolar sin posibilidades de cuidado por otras personas, las personas en situación de lactancia, quienes deben concurrir a trabajar en transporte público, entre otras. 

En esa inteligencia, y tal como fuera requerido oportunamente por el gremio judicial, la AJB reclama a la Suprema Corte la convocatoria a un comité de crisis con participación de la Procuración General y de funcionamiento permanente, para que en un ámbito de diálogo institucional efectivo se construyan los consensos necesarios respecto de las medidas a adoptar en el Poder Judicial. 

 

 

 

 

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