Cuál es el beneficio de estatizar las plantas de Verificación Técnica Vehicular en la provincia

Desde el gobierno analizan una propuesta semi privatizadora donde en el pliego, se afirma que se incrementará el canon que las empresas deben retribuir a las arcas provinciales y, además, prometen una duplicación de plantas evaluadores ya que hoy solo cubren el 50 por ciento del parque automotor de la provincia. Empero, la compañía prestadora del servicio, con la anuencia del Ejecutivo provincial, buscará llevar la tarifa a los valores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ronda en los 5 mil pesos.

La realidad, comentan en los pasillos de la Legislatura, es que el gobierno entregaría a los privados un negocio millonario y perdería entre 10 y 15 mil millones de pesos, cifra que podría engrosar las arcas provinciales.

En el plano de rosca política, el debate no necesariamente debe pasar por la casa de leyes sino que con un decreto el mandamás provincial puede habilitar la iniciativa.

Una de las ideas que emergen desde la legislatura es que cada municipio cree su propia planta de verificación y controle su propio parque automotor quedándose con el 40 por ciento de lo recaudado y el 60 restante enviarlos a las cuentas provinciales.

En teoría, algunos sostienen que esa posibilidad no sería rentable, entonces, si no genera dividendos, por qué un empresario invertiría en un negocio que no le será redituable.

El argumento de los que pretenden extender los contratos a las empresas concesionarias explica que se necesitaría alrededor de 20 mil vehículos para financiar la planta. Empero, otros aducen que no se necesita una superestructura para generar una verificadora ya que, por ejemplo, en el interior, con dos empleados, dos computadoras, y con el software correspondiente más dos millones de pesos, se “arma” una VTV. Claro, esa suma de dinero es la que invertiría la comuna en cuestión.

La concesiones y buenas relaciones con los empresarios no es potestad exclusiva de este gobierno ya que la ex gobernadora María Eugenia Vidal prorrogó la licencia durante cuatro años, es decir, lo que duró su mandato, y el actual gobierno viene prorrogando en tres oportunidades. Entonces, las extensiones de prórrogas, esta especie de privatización de la Verificación Técnica Vehicular, seguirán engrosando las arcas empresariales ya que de los 10 mil millones de pesos aproximados que obtienen, solo 500 mil van a la provincia.

Sobre la inversión que debería hacer el Estado, provincial por un lado y municipal por el otro, es una polémica; pero lo que sí está claro es que el empresario, para armar nuevas plantas, no invertirá ya que cuenta con la maquinaria para asentarse en los distritos. En este plano la disyuntiva es saber si las millonarias cifras continúa llevándose el empresariado o si los municipios arman su propia planta de verificación generando una coparticipación a la inversa, es decir, la comuna verifica y le gira una parte de las ganancias a la provincia para un fondo de afectación para la construcción de nuevas rutas o mejoramiento de caminos rurales.

Ante esta última postura, desde el Ejecutivo cuestionan la tardanza por parte de las municipalidades en la edificación de las nuevas centrales de control, pero si el concesionario es nuevo, también deberá construir desde cero. Salvo, comentan, que el pliego se lo lleve el mismo que hoy maneja el máximo de las plantas generando así, no solo que sospechas, sino que además un monopolio.

Con todo, surge la pregunta de por qué y cuál es el beneficio de estatizar las plantas de Verificación Técnicas Vehicular.

La primera respuesta es que se generan más de 10 mil millones de pesos que podría absorber el Estado bonaerense.

En segunda instancia, y aboliendo el argumento de que el sistema actual funciona de esta manera desde hace varias décadas, es preciso remarcar la ley fue confeccionada con un parque automotor más acotado que el actual.

Y en tercer ítems y última premisa, dicen que si los valores aumentan en sintonía con los de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 5 mil pesos, es un negocio potencial de 25 mil millones de pesos.

Así las cosas, la polémica está en marcha y habrá que ver qué sale del scanner del Frente de Todos.