Vecinos, organizaciones sociales y dirigentes de la oposición siguen manifestando preocupación y repudio a la posibilidad de modificar la normativa vigente, para que industrias contaminantes se radiquen en Luján, y le meten presión al intendente Leonardo Boto.
La polémica resurgió, luego de que integrantes de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Luján, a través de una nota elevada a la presidencia del Concejo Deliberante solicitarán solicitaran la modificación de la ordenanza 6224/13, por considerarla “restrictiva y confusa” y “crear dificultades al funcionamiento de muchas empresas, limitando sus proyectos de crecimiento, además de no poder tener su correspondiente habilitación”.
Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo de Luján, vinculado al Ateneo Raúl Alfonsín, hoy a cargo de Fernando Casset, ex concejal de Juntos, manifestaron su total repudio a la posibilidad de dar marcha atrás con la normativa vigente.
El rechazo a dicha posibilidad, se encuadra en el hecho de que en el año 2012, después de una larga pelea se logró cerrar la curtiembre Curtarsa, a causa de la contaminación.
Frente a este antecedente, y ante el pedido de industriales a las autoridades municipales “desde el Centro de Estudios para el Desarrollo de Luján nos pronunciamos públicamente contra cualquier intento de derogar, modificar, suspender la vigencia o limitar los efectos de las normas municipales que prohíben en Luján la radicación de las industrias que más afectan a la salud humana y al medio ambiente”, comentó en un posteo Casset.
Al respecto, indicó que “a través de un documento, cuestionamos al intendente Leonardo Boto por promover este debate y no confesar qué beneficios tendría esto para la comunidad local”, y “repasamos la historia de esta prohibición, iniciada con el reclamo de los vecinos de Jáuregui contra la contaminación provocada por la curtiembre Curtarsa S.A”.
En la misma línea, Casset indicó que en el documento también se afirma que “quienes hoy sostienen la necesidad de poner en discusión esta prohibición o bien desconocen esta historia, porque no vivían aquí en esos tiempos, o –lo que es peor– la minimizan, restándole importancia”, por lo que se cuestiona “si ha sido tan clara la expresión de la comunidad en ese sentido, ¿cuán valioso o poderoso es el interés particular que se defiende en sentido opuesto?”.
Asimismo, en el texto se consideró que “la falaz discusión que pretenden reinstalar, casi 10 años después de haberla ya resuelto los y las lujanenses, es cuánta calidad de vida estamos dispuestos a sacrificar como comunidad, cuánto daño queremos soportar en nuestra salud y en el medio ambiente, para favorecer la rentabilidad económica de algunos particulares”.
“Sería un gravísimo retroceso cualquier intervención sobre la legislación local que limitara de cualquier modo su vigencia”, se planteó.