ARSAT abrirá el 19 de noviembre las ofertas de la licitación con la que contratará la seguridad de la Estación Terrena de Benavídez, de su depósito externo y de sus sitios en Buenos Aires y el interior del país. Publicó el llamado el 27 de octubre, doce días después de que se conociera el procesamiento de su expresidente, Facundo Leal.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli lo procesó por el supuesto cobro de sobornos para direccionar a una empresa predeterminada la custodia de bienes estratégicos de ARSAT en un galpón de San Fernando. Nada de lo publicado vincula el nuevo llamado con esa causa. Pero el expediente nació de un robo en ese depósito y puso bajo la lupa cómo la empresa estatal contrata la protección de sus activos.
El procesamiento se conoció el 15 de octubre. Mirabelli procesó sin prisión preventiva, y con prohibición de salir del país, a Leal, a otras cuatro personas que trabajaron en ARSAT, a cinco particulares ligados a la firma Argentina Logistic Services (ALS) y a la propia ALS como persona jurídica, según Infobae.
Entre los procesados están Gerardo Boschin, que fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT hasta 2024, y Pablo Pagani, exsubgerente de Servicios Corporativos y Logística. Ellos y Leal quedaron procesados por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo, según Diario UNO. El juez los embargó por hasta $ 3.000 millones a cada uno.
La defensa de Leal anticipó que apelará. El procesamiento no es una condena: lo revisará la Cámara Federal de San Martín.
Según la resolución, de 182 carillas, entre 2020 y 2024 ARSAT emitió dieciséis órdenes de compra a favor de ALS por servicios de depósito, logística, transporte, grúas, carga y descarga. La empresa estatal le habría pagado US$ 1.695.667,44 y $ 32.210.287,09.
En los allanamientos a dos domicilios de Leal se secuestraron US$ 813.754 en Palermo y US$ 1.787.600 en Mendoza: US$ 2.601.354 en total, según el detalle del procesamiento. La cifra supera los US$ 2,4 millones informados en un primer momento. El origen de ese dinero se investiga en otra causa, por presunto enriquecimiento ilícito.
El expediente se abrió por una denuncia de la propia ARSAT. En una recorrida del 4 de enero de 2024 por los depósitos de ALS en San Fernando se detectaron robos y daños en elementos guardados en 17 contenedores, por US$ 151.126,29, reconstruyó Infobae.
Según la investigación, el predio no habría cumplido los requisitos de seguridad de su pliego de contratación: las cámaras no grababan, nadie monitoreaba, parte del cerco electrificado estaba fuera de servicio y había un solo vigilador por turno. Para el juez, hay indicios suficientes de que esas fallas habrían facilitado el robo y los daños, detalló Diario UNO.
La Licitación Pública N.º 04/2026 está publicada en la página de Compras y Contrataciones de ARSAT. Su objeto es el "servicio de seguridad para la Estación Terrena de Benavidez, depósito externo y sitios de Buenos Aires e interior del país".
Las ofertas se reciben hasta las 12 del 19 de noviembre y la apertura de sobres está fijada para las 12.30 de ese mismo día. La documentación incluye tres pliegos —condiciones generales, particulares y especificaciones técnicas— y seis anexos, entre ellos uno de personal y la planilla de cotización. Al 31 de octubre no había circulares publicadas.
La empresa no está sujeta al régimen general de compras del Estado. El artículo 3 de la Ley 26.092, que creó ARSAT en 2006, la excluye del Decreto 1023/2001 y, en general, de las normas y principios del derecho administrativo: sus licitaciones se rigen por un reglamento de contrataciones propio. Pero el artículo 2 la somete a los controles interno y externo del sector público nacional que fija la Ley 24.156, es decir, a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación.
La licitación de seguridad previa, la LP 02/2024, tenía un objeto casi idéntico. Su pliego de condiciones particulares lleva las firmas digitales, del 15 de agosto de 2024, de Gerardo Boschin y Pablo Gastón Pagani, hoy procesados. Esa licitación no figura entre los hechos imputados que trascendieron, y la firma no implica por sí sola irregularidad alguna.
Aquel pliego exigía una nómina no menor a 600 vigiladores registrados en una ART, el doble de los 300 que pedía el de la LP 21/2023. También pedía cinco años de antigüedad en actividades similares y tres certificaciones ISO: calidad (9001), ambiente (14001) y seguridad y salud en el trabajo (45001).
La capacidad económica se medía con indicadores relativos: liquidez superior a 1,5, un pasivo menor a la mitad del patrimonio neto y una facturación mensual superior en un 30 % al monto ofertado. El contrato era por 24 meses prorrogables por 12, y el pliego permitía subcontratar fuera del AMBA con la obligación de informar la nómina de cada empresa subcontratada.
Con la vara de 2024 a la vista, el nuevo llamado debería responder antes de la apertura:
La apertura de sobres del 19 de noviembre mostrará cuántas empresas lograron competir.