Polémica por los celulares en las cárceles: El PRO cruzó a Kicillof y pidió tratar proyectos en el Senado

A raíz de un reciente hecho de delincuencia que involucró a un interno de la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín, el presidente del Bloque de Senadores del PRO, Pablo Petrecca, renovó sus críticas hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof y exigió el debate inmediato de un proyecto de ley de su autoría diseñado para ordenar y controlar la telefonía celular en las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La polémica se reavivó luego de un procedimiento llevado a cabo por la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N° 6 y el propio personal penitenciario. A partir de la denuncia de un vecino que recibía audios intimidatorios a través de WhatsApp, las autoridades allanaron un pabellón del penal juninense y secuestraron un dispositivo móvil con el que un privado de la libertad, condenado por un homicidio que conmocionó a la región, amedrentaba a una familia local.

Ante esta situación, Petrecca remarcó que el caso expone una problemática en franca expansión y cuestionó con dureza la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial. El legislador recordó que ya transcurrieron 164 días desde la presentación de su iniciativa en el Senado bonaerense sin que el oficialismo haya dado curso a su discusión en el recinto, por lo que sostuvo que el proyecto duerme en la Cámara Alta mientras el gobernador decide mirar para el costado frente a un flagelo que sufren a diario miles de vecinos.

En ese sentido, el referente opositor señaló la ilógica cotidianeidad de observar detenciones de reclusos por estafas y extorsiones, como así también a bandas narco operando con tranquilidad desde sus celdas, mientras la ciudadanía vive bajo el constante riesgo de recibir llamadas o mensajes destinados a despojarla del fruto de su trabajo.

La propuesta legislativa impulsada por el legislador busca dar fin al protocolo excepcional de emergencia sanitaria implementado en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Dicho esquema, que aún se mantiene vigente para una población de aproximadamente 49.000 internos en la provincia de Buenos Aires, carece de control legislativo y de un marco normativo definitivo.

Para reemplazar ese sistema, el proyecto plantea la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS). Se trata de una plataforma cerrada de tecnología estatal que permitiría a las personas privadas de la libertad entablar contacto únicamente con un listado de allegados previamente registrados y auditados, bloqueando de manera categórica la navegación por internet abierto, el uso de redes sociales y cualquier aplicación no autorizada.

Con esta herramienta institucional, la iniciativa pretende dar respuesta a un reclamo histórico de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, con el objetivo de cortar de raíz la logística delictiva, las maniobras de extorsión y las estafas virtuales gestionadas desde el interior de los penales bonaerenses.