La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), la Federación de la Carne (FGPIC) y la Federación de Molineros (FAyM), encabezaron una masiva movilización hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación. El reclamo conjunto busca visibilizar y frenar la alarmante situación que atraviesa el Grupo GTA Granja Tres Arroyos, un conflicto productivo que pone en riesgo directo cerca de 7.000 puestos de trabajo en todo el país.
Durante la jornada, referentes sindicales y operarios del sector demandaron la inmediata intervención del Gobierno nacional para garantizar el pago de haberes adeudados, frenar la ola de despidos y diseñar un plan que asegure la continuidad operativa de la firma. La protesta reflejó la profunda preocupación por la paralización parcial de la actividad y la falta de certezas sobre el futuro de las plantas productivas.
En el marco de la manifestación, la secretaria de Organización de UATRE, Natalia Sánchez Jauregui, remarcó la importancia de la unidad gremial y apuntó a la responsabilidad del Estado nacional en la búsqueda de soluciones. La dirigente sostuvo que detrás de cada empleo hay una familia y un proyecto de vida, por lo que resulta inadmisible que las consecuencias de la crisis recaigan sobre los asalariados. Asimismo, insistió en que el conflicto trasciende lo estrictamente empresarial y requiere de una mesa de diálogo urgente convocada por las autoridades gubernamentales.
En paralelo a las acciones de calle, los representantes de las cuatro organizaciones mantuvieron un encuentro en la Cámara de Diputados de la Nación con integrantes del bloque Unión por la Patria. Durante la reunión, los dirigentes sindicales expusieron la magnitud del impacto social y económico que generaría el colapso de la firma y solicitaron el respaldo del Poder Legislativo para interceder ante el Poder Ejecutivo y los directivos de la empresa.
Por su parte, los legisladores nacionales asumieron el compromiso de articular los mecanismos institucionales necesarios para convocar a las partes involucradas a una mesa de trabajo conjunta. Tras la ronda de gestiones, las conducciones gremiales ratificaron que mantendrán el plan de lucha y el frente común hasta lograr respuestas concretas que resguarden la totalidad de las fuentes laborales y la estabilidad salarial.